"Pasé de ser hija única a tener dos hermanos y volví a tener un padre": así funciona la restitución de identidades en Argentina

Madrid

Décadas después de que Norma Síntora fuera secuestrada por la dictadura militar argentina (1976-1983), Ana Payotti, una mujer uruguaya que tuvo que exiliarse a París, huyendo también del régimen del pequeño país latinoamericano (1973-1985) decidió escribir a Norma una carta. Son unas líneas llenas de emoción, de cariño, de notas de libertad y empatía, pero ¿de qué se podían conocer Norma y Ana? Más allá de que las dos fueron víctimas de la represión militar, con sus caminos propios, ¿qué es lo que podía unir a estas dos mujeres?

Norma militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), de Argentina, y Ana en la Unión de Juventud Comunista, de Uruguay. Por entonces, los dos países regados por el Río de la Plata estaban dirigidos por sendas dictaduras militares que consideraban cualquier atisbo de disidencia una muestra más de terrorismo contra el Estado. Fue precisamente el Estado argentino quien acabó cometiendo actos de terrorismo con secuestros, asesinatos, desapariciones forzosas, y robo de bebés.

Ana Payotti consiguió exiliarse, Norma no pudo y, embarazada, desapareció en 1977. Fue secuestrada por el régimen y nunca más se supo de ella. Payotti conoció al que fuera esposo de Norma, Carlos Solsona. Él sí consiguió exiliarse y, tras unos años, Ana y Carlos se casaron y tuvieron un hijo. Fue entonces cuando Ana escribió la carta, sabiendo que Norma nunca la recibiría, pero ella y Carlos eran conscientes de todo lo que había ocurrido. Muchos años más tarde, la familia Solsona Payotti se reencontró con una joven llamada Marcela, que acababa de recuperar sus apellidos originales: Solsona Síntora. Era la hija de Norma, que nació en una cárcel de la dictadura y luego fue entregada a otra familia.

La historia de restitución de nietos tiene un largo recorrido en Argentina. En plena dictadura se constituyó la organización 'Abuelas de la Plaza de Mayo', entonces 'Madres', un grupo de mujeres y hombres reconocido en todo el mundo que, desde el minuto cero, denunció las atrocidades del régimen de Jorge Videla y otros militares. Esas mujeres eran conscientes de que a sus familiares -hijos, hijas, maridos, sobrinos, sobrinas- les estaban secuestrando, torturando y matando. A los niños recién nacidos los que depositaban en cunas con dos letras: 'NN'. Su significado no era otro que el de 'No Name' en inglés, esto es, 'sin nombre' en español.

En algunas de esas cunas pudieron estar Marcela Solsona Síntora y Manuel Gonçalvez Granada, los protagonistas de esta historia. Ellos son la nieta 129 y el nieto 53. Marcela fue una de las últimas nietas que completó su identidad: ocurrió en 2019. Desde entonces no había habido ninguna noticia de restitución hasta finales de 2022, cuando se supo de la existencia del nieto 131 e inmediatamente el 132. Gonçalvez-Granada, por su parte, es miembro de la Comisión Directiva de Abuelas y secretario ejecutivo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). Su madre lo guardó en un ropero cuando era un bebé mientras las fuerzas de seguridad la acribillaban a balazos a ella y a otros compañeros de partido.

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"No siento que tenga una nueva identidad, sino una identidad completa. Esto no fue alguien al que dieron un bebé en adopción, sino de alguien a quien se lo quitaron. A mí me completó como persona y me ayudó a entender un montón de cosas mías, propias, de sensaciones de la vida en general", cuenta Marcela en Hora 25. Ella explica que fue un largo proceso que duró 10 años, desde que empezó a sospechar hasta que hizo una búsqueda. "De repente vi una foto que era exactamente igual a mí. Empezaron a contactar conmigo, yo al principio era una negativa total porque era una decisión que podía perjudicar a gente que queremos. Ser madre fue crucial para tomar la decisión de hacerme el análisis", añade Marcela.

En Argentina, cuando alguien duda sobre su identidad, acude a 'Abuelas de la Plaza de Mayo' y desde la organización se redirige todo hacia la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) que es una comisión ejecutiva. A partir de ahí comienza un extenso trabajo documental. "A veces vienen porque tienen certezas, porque alguien se lo ha confesado o se han enterado de esa primera parte de la verdad. En el Banco de Datos Genéticos se ingresa o bien por la CONADI o por la Justicia. Solo existen esas dos vías. Ahí se compara el perfil genético de las personas sobre las que se tiene sospecha", explica Gonçalvez-Granada.

"Había un plan para robar bebés. La idea era que esos bebés no volvieran con sus familias biológicas. Abuelas estima que la dictadura robó a 500 bebés. Hemos resuelto 132 casos y en el Banco de Datos Genéticos tenemos a unas 300 familias, así que sí, son unos 500", añade el secretario ejecutivo de la CONADI.

Marcela pasó de ser hija única a tener dos hermanos y volvió a tener un padre. "Empezamos a contarnos de nuestras vidas y en mayo de 2019 viajé a Argentina para conocerlos a todos. Fue como una conexión inmediata, como si nos hubiéramos reencontrado, más que un nuevo encuentro", relata la mujer. "El Estado es responsable de resolver esta situación, porque hay documentos falsos, hay delitos cometidos en los que el Estado termina siendo responsable involuntariamente. Hablamos de identidades que no son reales. Por otro lado, está el derecho de las familias a saber", explica Granada.

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Marcela siente que no ha cerrado ninguna puerta, es más, ha abierto una puerta enorme. "Esto fue sumar. Cuando era pequeña le decía a mi madre de crianza que quería tener un hermano mayor. Nunca le había encontrado una explicación y claro, a los 41 años me di cuenta de que lo tenía en realidad", dice.

"No podía convertirme solo en una víctima. También soy algo más a partir de eso. Tener todos los días tu verdadero nombre, me llamé durante 20 años Claudio, ahora me llamo Manuel Gonçalvez-Granada. Pude ponerme el apellido de mi mamá también", sentencia el miembro de la CONADI.

En 1984 se publicó un resumen del informe que emitió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), conocido popularmente como 'Nunca más'. El sus conclusiones se lee que la dictadura militar estableció la desaparición forzosa de personas como metodología represiva, se extendió la práctica de la tortura en los centros de detención ilegales, se simularon intentos de fuga inexistentes y se destruyeron los cuerpos de las personas asesinadas para evitar su posterior identificación.