El Gobierno aprueba la ley de Familias sin prohibir el 'pin parental' de la derecha

El Gobierno ha aprobado este martes la ley de Familias para continuar el trámite parlamentario con la intención de que esté en vigor esta legislatura sin la prohibición del pin parental, una medida retirada finalmente por Derechos Sociales por recomendación del Consejo de Estado. La norma incluye tres nuevos permisos para el cuidado de familiares o convivientes, asimila las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas y reconoce los diferentes tipos de familias, como adoptivas, reconstituidas, LGTBI, con algún miembro con discapacidad, múltiples o acogedoras. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha anunciado su aprobación por parte del Gobierno en su perfil de Twitter, en un vídeo en el que detalla las medidas de la norma para abordar la «emergencia de la conciliación» y afrontar con nuevos permisos las «carencias históricas» en este ámbito. «Las personas deben poder formar las familias que ellos decidan, si quieren hacerlo, y deben elegir con quien quieren compartir su vida. Y las instituciones estaremos ahí para acompañarlas, para protegerlas y para apoyarlas. Porque queremos un país con personas más libres y más felices», asegura Belarra. La ley crea un registro de parejas de hecho que podrán acceder a los distintos permisos, como los 15 días que se da por matrimonio, y reconoce el derecho a la atención temprana. También recoge la ampliación de la renta crianza de cien euros al mes por hijo menor de 3 años que solo cobraban las madres trabajadoras a aquellas que están en paro o que hayan cotizado al menos un mes, una medida que ya está en marcha desde enero. La Ley de Familias, que transpone la directiva europea de conciliación de 2019 y modifica el Estatuto de los Trabajadores, incluye un permiso retribuido de cinco días al año para atender a un familiar hasta segundo grado o un conviviente y el derecho a ausentarse por motivos familiares urgentes -en casos de enfermedad o accidente- hasta cuatro días también retribuidos. Incorpora un nuevo permiso de ocho semanas, pero no retribuido, para padres y madres de hijos menores de 8 años, que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial. Con la nueva norma ascenderán a más de un millón las conocidas hasta ahora como «familias numerosas», que pasan a denominarse «familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza», ya que incorpora a unos 300.000 hogares de un solo progenitor con dos hijos que pasan a tener esa condición que reconoce derechos y ayudas. También otorga ese título a los hogares con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad, los encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos, y aquellos con dos hijos en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión. El texto ha retirado a última hora la prohibición del conocido como pin parental, como proponía el anteproyecto de la norma impulsada por Belarra, «atendiendo a la recomendación y el criterio técnico del Consejo de Estado» para que la norma «sea conforme a su dictamen», según han explicado fuentes de Derechos Sociales. El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros la extensión del tope al precio del gas hasta el próximo 31 de diciembre, después de cerrar un acuerdo definitivo con la Comisión Europea. Así lo avanzó la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en atención a los medios en Bruselas, donde indicó que la Comisión ya ha “notificado” formalmente a España de su “respaldo explícito” a un acuerdo que se comenzó a gestar en enero. El Gobierno cifra en 5.100 millones el ahorro del mecanismo ibérico. La prórroga de la conocida como “excepción ibérica” se basa en extender el plazo de su aplicación desde el 31 de mayo –fecha en la que iba a expirar– hasta el 31 de diciembre. El resto de las modificaciones con respecto al sistema anterior son “ajustes técnicos”. No obstante, Ribera destacó que la curva temporal que el mecanismo establece hasta alcanzar el precio del gas de 65 euros el megavatio hora (MWh) se “suaviza”, ya que el periodo de referencia para alcanzar ese máximo se extiende siete meses. Es decir, la pendiente de la curva será más plana, ya que la subida desde los 55 euros por MWh actuales hasta los 65 euros se demorará más en el tiempo, lo que dará lugar a subidas mensuales de 2 euros, frente a los 5 actuales. “Está notificado, está trabajado y está cerrado. Ya contamos con el acuerdo y el respaldo de la Comisión y hoy se llevará al Consejo de Ministros”, anunció Ribera. “Tenemos una herramienta que permite seguir protegiendo a los consumidores españoles y portugueses hasta fin de año”, celebró. La prórroga de la “excepción ibérica” permitirá a España y Portugal mantener la protección sobre los consumidores, aunque en las últimas semanas no se ha aplicado gracias a la bajada de precios. En este sentido, Ribera reconoció que, si el gas natural “se mantiene a los precios actuales, probablemente no se active”, pero aseveró que la prórroga de esta medida permite garantizar “precios razonables” si la situación cambia. El acuerdo está pendiente de una “decisión formal” del Colegio de Comisarios, que, según Ribera, se producirá durante “estos días”. Sin embargo, ello no impide aprobar ya la prórroga en Consejo de Ministros, ya que Bruselas ha comunicado su “respaldo explicito”.

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