España es el tercer país europeo con más hogares que se retrasan en el pago del alquiler o la hipoteca

Madrid

En el actual contexto de inflación y de incremento de los tipos de interés, el 8,4% de las familias de España con niños tiene dificultades para pagar a tiempo la hipoteca o el alquiler de su vivienda, es el doble que la media de la Unión Europea (4,3%). España es el tercer país de la UE con el mayor porcentaje de hogares que han tenido que pagar con retraso los gastos asociados a la vivida -un 6,5%-, solo por detrás de Grecia e Irlanda y muy por encima de la media europea (3,2%). Son datos del estudio “Aquí no hay quien viva: un análisis de las dificultades de las familias para pagar la vivienda en España” que publica este martes Save the Children.

4 de cada 10 hogares con hijos a cargo que viven de alquiler tienen que destinar al menos el 30% de sus ingresos al pago de la vivienda porque les han subido el precio, pero no lo que ganan. Esto supone disponer de menos presupuesto para otras necesidades de la crianza. Quienes más dificultades tienen son las madres solas con niños. Hay 158.000 hogares monoparentales -en su mayoría, encabezados por mujeres- que viven de alquiler y que soportan una carga a menudo inasumible.

De media, estas familias destinan 200 euros mensuales más de los que podrían destinar si establecemos el umbral del 30% de los ingresos como límite del pago máximo destinado a vivienda (sin contabilizar suministros). Es el caso de Manuela. Es madre separada, tiene 45 años y vive en Sevilla con sus dos hijos: “Yo debo ahora mismo tres facturas de luz y una de agua más el alquiler de este mes porque no me llega. Tengo que elegir entre pagarlas o comer”. Save the Children considera que una ayuda complementaria de hasta 200 euros podría aliviar la carga que les supone la vivienda a familias como la de Manuela. Calculan que para ponerla en marcha se necesitaría un presupuesto anual de unos 380 millones de euros.

Entre el 70 y el 80% de los desahucios -casi 700.000 en España desde 2008- afectan a familias con niños, niñas y adolescentes, según datos de Naciones Unidas. Además, 2 de cada 10 menores de edad viven en casas insalubres: con goteras en el techo, humedades en las paredes, el suelo o los cimientos o podredumbre en los marcos de las ventanas o el suelo. "Esta situación repercute en su salud física y mental, afecta a su crecimiento, desarrollo, al rendimiento escolar y a su seguridad”, denuncia Andrés Conde, director de Save the Children.

Escasez de vivienda social y ayudas

España tiene uno de los parques de vivienda social más pequeños de Europa: apenas alcanza el 2,5% del total, lo que supone una cuarta parte de la media europea (9,3% del parque). Esta situación -señalan desde la oenegé- se explica fundamentalmente por dos motivos: el bajo presupuesto destinado a la provisión pública de vivienda y porque la política de provisión pública se ha orientado tradicionalmente a financiar viviendas en propiedad y, además, a favorecer su posterior descalificación, lo que provoca que esas viviendas descalificadas dejen de ser protegidas y pasen a ser parte del mercado libre.

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En este contexto, “se necesitarían un millón y medio más de viviendas protegidas para atender las necesidades sociales”, asegura Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, quien añade que su construcción puede abordarse incluyendo a la iniciativa privada.

A esto se añade otro problema, explican desde Save the Children, y es que el alcance de las ayudas a la vivienda en España es sumamente reducido. "En nuestro país hay 1,6 millones de familias con hijos e hijas en situación de pobreza, de las cuales aproximadamente 310.000 sufrieron retrasos en el pago de la vivienda. Sin embargo, en 2020 solo 25.000 familias con niños, niñas y adolescentes a cargo recibieron una prestación para la vivienda", señala Conde.

¿Qué hacer para mejorar esta situación?

En su análisis, Save the Children hace algunas recomendaciones para paliar los efectos que tiene el pago de la vivienda en las economías familiares. Algunas de ellas son:

• Aumentar los presupuestos anuales para incrementar la financiación de políticas de vivienda que protejan el acceso a la vivienda por parte de familias con hijos e hijas en situación de vulnerabilidad
• Automatizar el acceso a ayudas directas a vivienda para las familias perceptoras del IMV, rentas mínimas o similares
• Apuesta por la compra o la rehabilitación de unidades existentes para ampliar la oferta pública de vivienda social
• Garantizar la calificación indefinida de las viviendas públicas, evitando que salgan al mercado privado
• Promover alianzas entre el sector público y el privado que beneficien a las familias con menores ingresos, incorporando a los grandes propietarios de vivienda en el abordaje del problema y estableciendo reservas de suelo, por las cuales un porcentaje de las unidades que se construyan en una promoción privada se destinen a vivienda social.
• Bonificaciones fiscales para la mejora de la calificación energética de los edificios e IVA reducido para la rehabilitación de viviendas particulares.

Save the Children considera imprescindible, además, mejorar la coordinación entre el sistema judicial y los servicios sociales. Además, es importante que cuando haya menores de edad en riesgo de desahucio, el informe de vulnerabilidad sea obligatorio y no optativo, para que sea tenido en cuenta antes de tomar cualquier decisión que les afecte.