Un acuerdo con el que gana la izquierda

Ningún partido de izquierdas podía acabar esta legislatura sin un acuerdo sobre la Ley de Vivienda, la primera de la democracia que regula este derecho. Es el gran compromiso pendiente de la legislatura, la moneda de cambio que utilizó Podemos para condicionar el acuerdo dentro de la coalición de dos Presupuestos del Estado y el argumento que, a estas alturas, necesita Pedro Sánchez para demostrar que la continuidad de Podemos en el Gobierno merece la pena. Los socios parlamentarios de la coalición, ERC y Bildu, también salen reforzados políticamente de este acuerdo, abono para los terrenos electorales del próximo 28 de mayo. Ninguna fuerza de izquierdas podía ir a las elecciones generales de diciembre cargando con el mochuelo del fracaso de esta ley mientras la vivienda escala posiciones entre las preocupaciones de los españoles (así lo refleja el CIS), y el euríbor asfixia a muchas familias. Los ERTE, los microcréditos, las rebajas fiscales de la electricidad y el ingente volumen de recursos desplegados para combatir las crisis encadenadas de esta legislatura podrían quedar sepultados en la memoria de muchos votantes si este Gobierno progresista hubiera sido incapaz de articular una respuesta a la vivienda, un problema estructural de la sociedad española. No se lo podía permitir Unidas Podemos, por mucho que culpara al PSOE. «¿De qué sirve que estén ahí dentro con el PSOE si las cosas no salen?», se podrían preguntar muchos. Y no se lo podía permitir Pedro Sánchez, que llegó a rastras a la coalición pero ha hecho de la necesidad virtud y la reivindica como una fórmula de éxito con la que presentarse a las elecciones. Tras el sonoro fracaso de la ley del sólo sí es sí, el presidente del Gobierno puede ir por las agrupaciones socialistas defendiendo que esto merece la pena. Muchos en el PSOE han tragado saliva cada vez que oían a Podemos atacarles como si fueran un grupo más de oposición y, lo que más les duele, quitándoles cualquier mérito en las políticas de igualdad. Sin la continuidad de Podemos en el Gobierno en esta recta final de la legislatura, la Ley de Vivienda habría sido imposible. El acuerdo facilita el relato también a ERC, que pelea por el espacio de la izquierda con los Comunes en Cataluña (allí el debate de la vivienda es absolutamente central) y que ha hecho una apuesta clara desde la investidura de Pedro Sánchez: comparecer en Cataluña como el partido que arranca cosas para Cataluña en Madrid. ERC negoció y firmó una reforma del Código Penal que tenía que beneficiar a sus dirigentes pendientes de juicio por el procés. La aplicación de esos cambios no han dado los resultados que esperaban los suyos y esta Ley de Vivienda, pactada en esta última fase con los republicanos y con Bildu, les permite visibilizar la rentabilidad de sus acuerdos para el conjunto de la ciudadanía. Y en algo muy parecido está Bildu, que ha negociado con el PSOE de la mano de los catalanes. Bildu corona con este acuerdo su estrategia de la legislatura: contribuir a los avances sociales con su voto en el Congreso. Reforzar su perfil progresista frente al identitario, en una apuesta por normalización política de la izquierda abertzale a través de su contribución a la gobernabilidad de España. En este rol compite con el PNV y esta ley le ha permitido diferenciarse con claridad de su competidor vasco, alineado en la materia con las posiciones conservadoras. Como nota a pie de página, quede aquí hecho un vaticinio: la Ley de Vivienda servirá una nueva oportunidad para el pulso interno entre Yolanda Díaz y Ione Belarra sobre sus respectivas aportaciones. Hay relato para todos a estas alturas de la negociación, aunque ha sido Belarra desde del inicio de las conversaciones, antes de la guerra interna en Unidas Podemos, quien estuvo en las mesas de negociación. Los nervios por quedarse fuera de la foto final han quedado demostrados en los últimos días con la sobreactuación de Podemos, exigiendo un compromiso al PSOE cuando el acuerdo estaba prácticamente hecho.