Votar sin DNI: el resquicio de la ley electoral que abre una puerta al fraude
En el tercero de los trámites del proceso no se exige la identificación
Una imagen del DNI.
Para votar por correo es necesario contar con un documento nacional de identidad y mostrarlo hasta en dos ocasiones; pero a la tercera, cuando se va a enviar la papeleta elegida desde la oficina de Correos a la mesa electoral, nadie lo exige, un resquicio de la ley que deja abierta la puerta al fraude.
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Ante el robo de papeletas y presunta compra de votos por correo en Melilla, los melillenses sí que deberán presentar su DNI al entregar las papeletas, una decisión extraordinaria adoptada por la Junta Electoral ante "la gravedad que supone la posibilidad de un uso fraudulento del voto por correo en la ciudad".
¿Qué dice la ley electoral?
La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) indica que para votar por correspondencia hay que solicitar un certificado de inscripción en el censo. Se pide personalmente en Correos y el funcionario " exigirá al interesado la exhibición de su documento nacional de identidad y comprobará la coincidencia de la firma".
La Oficina del Censo Electoral remitirá al ciudadano junto a la certificación registral las papeletas y los sobres electorales. Lo hará por correo certificado y el aviso de recibo "deberá ser firmado personalmente por el interesado previa acreditación de su identidad".
Y hasta ahí la necesidad de identificarse. El sobre con las papeletas elegidas debe ser remitido a la mesa electoral correspondiente "por correo certificado en todo caso antes del tercer día previo al de la celebración de las elecciones. Este sobre no necesita franqueo".
¿Qué ha pasado en Melilla?
El primer indicio de que algo ocurría en Melilla llegó con el robo de 43 documentaciones electorales cuando los carteros las llevaban a los respectivos votantes.
Esas documentaciones fueron anuladas mediante el bloqueo de los respectivos códigos identificativos, lo cual impide que puedan ser admitidas por ninguna oficina correos y se emitieron duplicados para los electores afectados.
La Junta Electoral Central acordó también que dos agentes de Policía Nacional permanezcan en la oficina de correos de Melilla durante el horario de atención al público, pero rechazó la propuesta de Correos de que la entrega del voto fuera tratada como un "acto personalísimo" y que se obligara al votante a identificarse con un documento oficial.
Sin embargo, poco después surgieron informaciones de una posible compra de votos y la Junta Electoral de Zona de Melilla acordó que la oficina de correos de la ciudad autónoma exigirá la identificación personal del elector mediante un documento válido cuando éste vaya a enviar sus papeletas. Quien no pueda ir personalmente deberá pedir autorización expresa para que lo haga otra persona en su nombre.
La Junta Electoral Central decidió ir un paso más allá y exigir esa misma identificación personal en el resto de oficinas del país cuando se vaya a entregar un sobre dirigido a alguna de las mesas electorales de Melilla.
¿Siempre ha pasado?
El politólogo Víctor Lapuente ha explicado en Hora 14 que, a pesar de los casos conocidos en Melilla y Mojácar (Almería) no hay que poner en duda los mecanismos de control en un proceso electoral: "En España se puede dudar de todo: de los partidos, de los banqueros, de la Casa Real, incluso de la Liga de Fútbol, pero no de las elecciones. Tenemos una ingeniería electoral muy buena que se exporta y se estudia en otros países y no podemos dudar de la pulcritud de nuestras elecciones", sentencia.
"No podemos dudar de la pulcritud de nuestras elecciones": un politólogo analiza los fraudes en Melilla y Mojácar
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Lapuente cree que ese "mínimo nivel de picaresca suele ocurrir en todas las democracias" y es difícil de medir más allá de percepciones. En cualquier caso, hay tres características que, a su juicio, siempre se cumplen: "Primero, que la compra de votos se produce en una sociedad relativamente pobre y, segundo, que ocurre también cuando hay poca implantación de los partidos. Ambas cosas se cumplen en el caso de Melilla. Y en tercer lugar, cuando las instituciones públicas son tan débiles que no son capaces de detectarlo, pero en este caso tenemos unas instituciones políticas fuertes".
