Cinco años de Bukele, la farsa del ‘dictador más cool’ enzarzado con las maras
Las investigaciones demuestran la falacia de la lucha contra las maras de Bukele: la disminución de los homicidios se debió a las negociaciones, no a las detenciones
Estado Bukele
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Algunos se refieren a él como el dictador más ‘cool’ por su juventud, su dominio de las redes y su estilo autoritario de ejercer el poder en El Salvador. Nayib Bukele se convirtió el 1 de junio de 2019 en el mandatario más joven del país con 37 años.
Su sed de poder le llevó a conformar su propio partido Nuevas ideas con el que arrasó en las elecciones legislativas de febrero de 2021, logrando así el control absoluto de la Asamblea. Lo primero que hizo su formación fue destituir al Fiscal General y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y nombrar a personas afines, logrando así también el control del Poder Judicial, además del Ejecutivo y Legislativo.
Esos nuevos magistrados abrieron la puerta para que Bukele pueda ser reelegido en las elecciones de febrero de 2024. En septiembre de 2022 ya anunció su intención de presentarse a la reelección, pese a que siete artículos de la Constitución del país lo prohíben.
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Casi un lustro después de su llegada al poder, las encuestas revelan que el 90% de la población aprueba su gestión. Todo a pesar de sus polémicas actuaciones a nivel internacional. La más notoria, su pulso contra las maras planteado como una guerra sucia.
Bukele puso en marcha el 20 de junio de 2019 su proyecto estrella, el Plan de Control Territorial, con el que en un principio pretendía derrotar a las pandillas en tres o cuatro años, algo que no había podido hacer ningún gobernante desde que finalizara la Guerra Civil en 1992.
El mandatario declaró así la guerra a los 70.000 miembros de las maras, que seguían en las calles dedicándose a la extorsión y al crimen, y que han causado 120.000 muertes violentas en los últimos 30 años, según el presidente. Para ello llenó las calles de miles de policías y militares y prometió duplicar la cifra de soldados hasta alcanzar los 40.000 en cinco años.
El punto de inflexión llegó tras los asesinatos al azar de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo de 2022 atribuidos a las bandas. La reacción de Bukele fue inmediata: solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de un régimen de excepción que se ha prorrogado ya en 14 ocasiones. Se limitaron derechos a la población y se arrestó a 69.000 personas acusadas de pertenecer o colaborar con las pandillas.
¿Negociación o mano dura?
Las imágenes de los miembros de las maras sentados y esposados semidesnudos en las cárceles de El Salvador han dado la vuelta al mundo. Pero en ese afán de detención, también pagaron justos por pecadores. Unos cinco mil detenidos han sido liberadas por no tener ninguna relación con estos grupos criminales.
“El éxito que Bukele tiene y que maneja en una millonaria campaña mediática está basado en vender una imagen que no es cierta”, defiende la ex inspectora general de la policía salvadoreña, Zaira Navas.
Navas forma parte del grupo que ha investigado durante un año los abusos que se han cometido en El Salvador. Tienen pruebas de que la disminución de homicidios que hubo en los primeros años de mandato de Bukele se debe a la negociación que llevó a cabo con las pandillas. A esto, dice, se suma que “Bukele ha puesto en libertad a los principales cabecillas que estaban detenidos de gobiernos anteriores”.
Los investigadores achacan a la ruptura de esas negociaciones la matanza de marzo del año pasado.
También desmontan su discurso de las detenciones masivas de miembros de pandillas. Según el Gobierno han sido más de 68.400 los detenidos, pero las investigaciones han concluido que solo el 30% de esas personas son pandilleros. “Y esto es altamente preocupante porque las personas que han sido detenidas en su mayoría son gente pobre, gente que sufrió el flagelo de las pandillas y que ahora sufre la represión del Estado”, lamenta Navas.
Abusos en las cárceles
En dependencias policiales han muerto más de 153 personas bajo custodia del Estado, según estas investigaciones. “En su mayoría torturadas, sometidas a choques eléctricos, golpes permanentes, dejarlos sin comer, sin ver la luz, someterlos a castigos prolongados o sin atención médica”, asegura la investigadora. Mientras tanto, sus familias no reciben ninguna información sobre su paradero o su estado.
A fecha de hoy, ninguna persona ha sido llevada a juicio. Todos son detenidos de manera provisional durante meses. Zaira Navas denuncia que “la Fiscalía detiene sin investigación previa. Todas las personas que han muerto lo han hecho sin haber sido juzgadas y condenadas. Las personas que han salido lo hacen con medidas sustitutivas”.
En celdas con capacidad para 70 personas tienen a 250. Desde el ingreso en prisión los detenidos sufren palizas y vejaciones. La falta de alimentación, agua, y el hacinamiento dan lugar a enfermedades como la tuberculosis. Una situación que preocupa a los investigadores, especialmente en el caso de las mujeres. Desbordados los centros para mujeres, muchas han sido trasladadas a cárceles para hombres. “Son víctimas de acoso sexual y maltrato”, alerta Navas. Incluso algunos niños han muerto en las cárceles.
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