Yolanda Díaz y los sindicatos presentan el estatuto del becario para atajar precariedad en las prácticas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha firmado con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, el acuerdo para el estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, el denominado estatuto de los becarios. Becarios que trabajan como parte de la plantilla, pagándose el transporte o incluso pagando por esa beca y con jornadas laborales que superan con creces los convenios pactados con las universidades. Con muchas prisas por la cita electoral, y sin escuchar a las Universidades, Yolanda Díaz ha presentado el estatuto que quiere poner orden fin a esta situación irregular. Con este estatuto se van a regular especialmente las prácticas extra curriculares, es decir, las que están fuera de los planes de estudios de los grados o másters. Se limitan las horas máximas, se establece como obligatoria una cotización del becario y también un máximo de becarios en la plantilla. «La realidad es que nuestro país durante más de 40 años ha tenido gobiernos ninis, que no daban alternativas ni soluciones para las personas jóvenes de nuestro país», ha señalado Díaz tras la firma del acuerdo. Además, este estatuto prevé importantes sanciones para las empresas incumplidoras. Ese quizá ha sido uno de los reparos de la patronal, que se ha descolgado del acuerdo cuya foto han protagonizado en solitario este jueves la ministra y los sindicatos CCOO y UGT. La CEOE considera que llegar a nuevos acuerdos tras el adelanto electoral convocado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la consecuente disolución de las Cortes «no es lo más adecuado». También se han descolgado las propias universidades porque los rectores consideran que se han quedado fuera de este acuerdo y que no se hayan escuchado sus quejas sobre este estatuto que, a su juicio, pone en riesgo las prácticas de los alumnos. La ministra y los sindicatos han reclamado a los partidos políticos que apoyen un acuerdo que busca acabar con la precariedad en las prácticas. El Consejo de Ministros debe aprobar ahora la norma que tendrá que ser convalidada por la diputación permanente del Congreso, dado que el pleno está disuelto ante la convocatoria de las próximas elecciones generales. Las 76 universidades públicas españolas han reclamado al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, una moratoria de un año en la entrada en vigor de la obligatoria cotización a la Seguridad Social de los estudiantes que hagan prácticas externas a partir del próximo 1 de octubre. En la carta enviada al Ministro, a la que ha tenido acceso EFE este jueves, se refieren a la disposición quincuagésima segunda del Real Decreto-ley 2/2023 de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, referida a la: «Inclusión en el sistema de Seguridad Social de alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación». Los responsables de las universidades critican que pese a que el real decreto establece que la obligación de la cotización recae en la empresa o institución receptora de los estudiantes, los centros se ven abocados a asumir el alta de estas prácticas “no remuneradas”, para garantizar que puedan graduarse. Una tarea que, según Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes y Empleo en la Universidad de Zaragoza, les tienen «inmersos en una sistema de gestión» que les ahoga, al tiempo que critica que los centros no están dotados de fondos para desempeñarla ni han recibido instrucciones para hacerlo. «En Zaragoza tenemos más de 9.000 prácticas», ha revelado Alcalá, mientras explicaba que las entidades públicas, donde se realizan el 60 % de ellas, están solicitando la firma de adendas que incluyan una cláusula especificando que la universidad es responsable de la gestión y el gasto correspondiente. Las universidades temen que las empresas privadas se sumen a esta solicitud, ya que colaboran con los centros al brindar oportunidades de prácticas a los estudiantes, pero no están dispuestas a asumir los gastos ni la carga administrativa asociada. Ante esta situación, los responsables universitarios reclaman el desarrollo de una plataforma informática para poder llevar a cabo la carga de datos necesaria para el proceso de cotización de forma masiva y que permita limitar la carga burocrática. También reclaman una metodología de altas y bajas simplificada, que se dote a los centros de los recursos humanos necesarios para gestionar las altas, bajas y control de días de prácticas, y que se les asigne presupuesto económico para los próximos cursos académicos, que no están disponibles en 2023.

Yolanda Díaz y los sindicatos presentan el estatuto del becario para atajar precariedad en las prácticas

La patronal y las universidades se han descolgado de este acuerdo y sienten que no se les ha tenido en cuenta

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