España asume la presidencia de la UE en plena contraofensiva de Ucrania y con la extrema derecha en auge

Desde este 1 de julio y hasta el 31 de diciembre España asume la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea por quinta vez en su historia. Y si las anteriores estuvieron marcadas sobre todo por factores económicos, como la preparación para asumir la moneda única o la respuesta a la crisis en 2010, en esta ocasión España asume el cargo con dos retos que ningún país ha tenido que afrontar hasta el momento a la vez: unas elecciones generales que pueden hacer cambiar el propio gobierno nacional y una guerra en las puertas de la Unión. El anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones el próximo 23 de julio metió de lleno la campaña electoral en el inicio de la presidencia española. Sánchez ha repetido en varias ocasiones que es una coincidencia que no tiene por qué alterar el programa de la presidencia, aunque por lo pronto ha conllevado que no presente en la fecha prevista en julio las prioridades del semestre en el Parlamento Europeo. En Europa hay tranquilidad, el Alto Representante Josep Borrell cree que «no debería haber ningún problema por la coincidencia. Francia celebró ya elecciones durante su presidencia y no pasó nada». La gestión de la posición europea frente a la guerra de Ucrania es otro reto de especial relevancia para la presidencia española. El gobierno de Kiev insiste en que quiere acelerar su ingreso en las instituciones europeas, al tiempo que Europa por el momento se resiste a sumar a toda la ayuda que ya ha enviado el suministro de cazas de combate como quiere Ucrania. La presidencia española además deberá bregar con los países que, como Hungría o Polonia, no están dispuestos a aumentar la ayuda financiera a Ucrania tal y como ha propuesto la Comisión de cara al próximo presupuesto comunitario. «O Unión Europea o extrema derecha». Con estas palabras, Sánchez ha remarcado recientemente que el proyecto de unidad y cohesión europeo no puede estar ligado al auge de los ultras, con presencia en varios gobiernos comunitarios. En Europa preocupa el auge de la extrema derecha, y de hecho fuentes socialistas en el Parlamento Europeo reconocen que temen que se tengan que hacer concesiones a gobiernos extremistas como el de Hungría para poder sacar acuerdos como el que se negocia con los países del Mercosur. España pretende de hecho ejercer de puente entre Europa y América Latina. El gran objetivo en ese sentido es lograr un acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), aunque de momento las negociaciones no serán fáciles. Hay reticencias internas, por ejemplo de Francia que teme por su sector alimentario. Y también externas, expresadas por el presidente argentino, Alberto Fernández, quien ha dicho que vigilarán que «no sea un acuerdo que beneficie más a la Unión Europea o que directamente perjudique a los países del Mercosur». Lula da Silva desconfía también de las imposiciones que pueda poner Europa sobre la mesa. A mediados de julio, el actual gobierno podrá dirigir la cumbre con los países de América Latina de la que se espera que salgan nuevos acuerdos. España estará al frente de una presidencia que pretende establecer un nuevo marco financiero y un camino directo hacia la transición ecológica. Para ello, deberá impulsar la reforma de las reglas fiscales, la del mercado eléctrico y la reindustrialización del continente después del impacto de la pandemia. En paralelo, Europa sigue trabajando en la reestructuración de sus contratos energéticos para reducir su dependencia de Rusia, país que ha dejado de ser el principal proveedor de algunas fuentes de energía, pero que todavía sigue teniendo una importante relación comercial en este campo con la Unión. En este asunto, la presidencia española deberá seguir trabajando en los contactos con otros proveedores como Noruega o Argelia, así como en la apuesta por las energías renovables. El principal acuerdo social en el que España deberá batallar desde el liderazgo del Consejo será el de alcanzar un pacto migratorio, más aún en un año marcado por las tragedias en el Mediterráneo y el incremento constante de peticiones de asilo de ciudadanos de países como Afganistán, Siria, Colombia o Venezuela. Y aquí también deberá hacer frente a los discursos xenófobos de algunos países miembros. También durante la presidencia española debería echar a andar la nueva ley que regulará el uso de la inteligencia artificial para proteger la utilización de contenidos con derechos de autor, una regulación que cuenta con la desconfianza de decenas de grandes empresas del sector que creen que frenará su competitividad y que así lo han hecho saber con una carta abierta a la Unión a pocos días de que España tome el mando del Consejo. Por último, el Gobierno pretende que la presidencia sea una oportunidad para presentar las virtudes del país al resto del continente y reforzar así su apuesta por el turismo. Madrid no centralizará todas las reuniones, sino que se ha presentado un amplio despliegue que llevará reuniones ministeriales a multitud de ciudades españolas como Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela o Zaragoza. España va a presidir el Consejo de la Unión Europea, que es la institución en la que están representados los gobiernos de los estados miembros a través de sus ministros. La labor básica de un país al frente del Consejo de la Unión Europea es legislativa, desde allí se analizan y se acuerdan las leyes que propone la Comisión y que se negocian también con el Parlamento Europeo. Es también un órgano de decisión. Es ahí donde se negocia y se va construyendo la legislación europea a partir de las propuestas que plantea la Comisión. Y lo que harán los ministros, los actuales o los que estén después del 23 de julio, será presidir las reuniones de cada área correspondiente. España deberá organizar la agenda legislativa, las reuniones para debatirla, y le toca ser el árbitro de las negociaciones que se celebren, cada ministro en su cartera correspondiente. El país que asume la presidencia debe aspirar a conseguir esos consensos que son tan complicados en la Unión. También le tocará impulsar debates y ejercer el liderazgo si ocurre algo importante. Y hay tarea en esa agenda legislativa, porque España hereda alrededor de 350 dossieres abiertos o pendientes de los que 122 son prioritarios, según fuentes oficiales.

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El acercamiento a América Latina y el refuerzo de la unidad europea están entre los objetivos de la presidencia de turno

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