"Cogí una depresión muy grande": el doble drama de Antonia, obligada a trasladarse a 400 kilómetros de su casa para abortar

Antonia pasó un calvario. Ahora confía en que su sufrimiento no sea en vano, al menos para las mujeres que puedan encontrarse en una situación similar. Ha pasado una década y ahora el El Tribunal Constitucional le ha dado la razón frente a la sanidad pública de Murcia, donde vivía, que la derivó a un centro privado de Madrid para abortar. Lo justificaban porque ningún médico de la región había pedido practicar este tipo de intervenciones. El tribunal explica en la sentencia, que condena a la sanidad pública, que tal exención solo hubiera sido posible si todos los profesionales hubieran ejercido su derecho a la objeción de conciencia conforme establece la ley, esto es, "individualmente, de forma anticipada y por escrito", algo que en este caso no quedó acreditado. Además, el Constitucional defiende "que la mujer que va a interrumpir el embarazo, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad física y emocional, no salga de su entorno habitual y pueda contar con los apoyos de sus allegados para hacer frente a esta difícil situación del modo menos traumático posible".

"Fue muy duro. Vas notando cómo crece, la sientes, el tiempo va pasando y no puedes hacer nada. Cogí una depresión muy grande, comencé a perder la memoria... Solo espero que otras mujeres no pasen por lo que pasé yo", ha explicado Antonia esta mañana en 'Hoy por hoy'.

Cuando estaba en la semana 20 de embarazo le comunicaron que algo no iba bien. El feto presenta una anomalía, pero el médico no le explicó exactamente qué es lo que le pasaba. La citaron de nuevo para la semana 24 y en ningún momento le dieron la posibilidad de abortar o le explicaron sus derechos. A través de su matrona intentó que la vieran antes para que le explicaran qué tipo de malformación sufría. Finalmente consiguió cita en el hospital de Cartagena donde fue atendida por el Jefe de Obstetricia. El trato, según explica Antonia, fue penoso en todo momento. Es en ese momento cuando deciden buscar otra opinión ya en la sanidad privada.

Acuden a la Ruber Internacional de Madrid y para costear los gastos, el marido pidió en su trabajo el adelanto de la paga extraordinaria. La angustia crecía a la par que pasaba el tiempo. El ginecólogo les explicó que su hija tenía un 90% de posibilidades de nacer en estado vegetal. Es el diagnóstico principal, pero ya les advierten que puede venir con más problemas ya que de momento es lo que ven con las pruebas que le han hecho. Con ese informe regresaron a ver al Jefe de Obstetricia del hospital de Cartagena.

Explica Antonia que el trato fue terrible: "Echan para atrás el informe, intentan convencerme de que la cría puede salir bien e incluso sufrimos amenazas. Nos tiraron el papel de mala gana". Todo era un peregrinaje mientras nadie les explicaba las opciones que tenían. Finalmente y medio del desamparo deciden abortar. Se negaron a hacerlo en el hospital de Cartagena y la mandaron a la Clínica privada de El Bosque en Madrid. Otra vez tienen que pagárselo todo ellos: desplazamiento, estancia, etc...

Dos meses después de saber que su hija venía con problemas le practicaron un parto inducido en la semana 28: "Ha sido la experiencia más traumática de mi vida. Tuve una depresión enorme". Los psicólogos también se los tuvo que pagar ella. Ahora, los magistrados del Constitucional han estimado el recurso de amparo presentado por la mujer por entender que la sanidad murciana, al derivar a la mujer a un centro privado en Madrid, comunidad autónoma distinta a la de su residencia habitual, vulneró su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, tal y como quedó configurado en la reciente sentencia del Constitucional sobre la ley del aborto de 2010.

En consecuencia, resuelve que la sanidad pública de Murcia vulneró el derecho al aborto de la mujer al no haber ningún motivo excepcional que justificara que no pudieron facilitar la prestación reclamada. "Estoy muy contenta y emocionada", ha explicado Antonia en la SER.