Cuando al ciudadano se le niegan las explicaciones, el ciudadano se gana el derecho a la sospecha

En política, a veces, las piezas del puzle encajan muy rápido, a veces en política las intenciones son precisamente las que parecen ser. Verán ustedes, en Extremadura, el PP y Vox decidieron, como una de sus primeras medidas, acabar con la obligación de comparecer en la Asamblea autonómica para los altos cargos antes de sus nombramientos. Un filtro muy sano, muy democrático, que aplicar a quienes van a gestionar los recursos públicos. Hoy hemos sabido que la Junta sitúa al frente del Servicio de Salud Extremeño a un médico que lleva 20 años trabajando en el mundo de los seguros privados de salud. Hoy hemos sabido que la Junta sitúa al frente del departamento que gestiona las residencias de mayores a alguien que lleva más de una década trabajando para una de las grandes cadenas de residencias privadas. Seguros privados y residencias privadas. Precisamente dos sectores que engordan al mismo ritmo que adelgaza lo público. Y sí, en este y en cualquier otro caso, cuando al ciudadano se le niegan las explicaciones, el ciudadano se gana el derecho a la sospecha.