Vicente Guilarte, presidente del CGPJ: "No sería partidario de una amnistía ocasional y sin consenso mayoritario, pero sabemos la urgencia que hay de los votos de Puigdemont"

Con el año judicial recién inaugurado, los desafíos para este tercer pilar del Estado se multiplican. El primero y más evidente es la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde el año 2018. El órgano constitucional lleva sin renovarse cinco años por el bloqueo del Partido Popular. El otro, y más reciente, es una hipotética ley de amnistía a los encausados del «procés» independentista. Un extremo que el partido clave para una futura investidura de Pedro Sánchez, Junts, ha puesto encima de la mesa en reiteradas ocasiones. A esto se suman las rebajas de penas derivadas de la ley del «solo sí es sí», la última a uno de los violadores de «La Manada» o las reformas de los delitos de sedición y malversación. Sobre todas estas cuestiones, hablamos con Vicente Guilarte, presidente del CGPJ. Es una ilusión asumir el cargo y es voluntario. Pero soy consciente en el momento en el que estamos y el objetivo es conseguir que esto se renueve. Mi legitimidad está anclada en la longevidad. Soy el más viejo del consejo. El problema no es nuestro. Te increpan, pero yo no soy el culpable de seguir ahí. Parece que los poderes públicos, que son los que tienen la responsabilidad de renovarnos, son los que no están cumpliendo. No nosotros. No, a mí me hubiera gustado que tuviera un tiempo de reflexión para asumir esta situación y la reflexión consistía en que a la vista de estos resultados electorales, tuviera yo la idea de qué iba a pasar, porque sigo sin tenerla, pero eso no pudo ser, tuve que tomar la decisión antes de las elecciones y si la tomas es con todas las consecuencias, pase lo que pase Eso implica posicionarse políticamente y nosotros no somos los culpables de no estar renovados. Estando en funciones ademas es muy cuestionable. No podemos dejar un sistema como el actual, con 200 personas funcionando, como un elemento de distorsión. Si nos dicen: si dimitis todos, mañana nos ponemos de acuerdo. Pues dimitimos. Pero es irreal todo eso. Cada uno tiene que asumir su culpa. Aquí la culpa la tiene el parlamento y el senado. Yo no. Dos no riñen si uno no quiere y no quiero entrar en el debate de culpabilidades políticas, que es lo que se pretende en el fondo. Objetivamente, se está produciendo una situación que no puede ser. Ayer en un acto hablaba del Consejo caduco pero perenne. Que es una contradicción radical. No se puede forzar a tomar decisiones que deben tomar otros. El escenario actual ayuda muy poco [a la renovación] por eso creo que hay que hacer más esfuerzos. A la vez creo que Europa presiona y la interna que hay que insistir, la que determinó que Carlos Lesmes se fuera, hay que insistir en la presión interna, que llevamos mucho tiempo. Es una decisión personal, lo que pasa que no logró el objetivo que se pretendía. Una decisión personal bienintencionada, pero que luego no resultó. Estamos hablando sobre una cuestión que tampoco hay que enfrentar de manera dramática. La amnistía ha existido en diversos ámbitos. La amnistía debe tener unos presupuestos. Es una institución que puede ser legítima, pero creo que hay que tratarla con cuidado. Hay dos elementos que la configuran con cierta unanimidad en el ámbito mundial. En primer lugar, que sea algo que interese más de lo que perjudica, que sea de interés general. Aquí no es fácil acreditar eso, porque si hubiera sido de interés general iría en los programas de los partidos antes de las elecciones. Ese es un problema. El segundo es el consenso. Que haya un cierto consenso entre todos los afectados por ella. Porque sino es una institución que a la tragalá tiene difícil encaje. No hay que dramatizar o decir apolíticamente esto es así. Tiene que tener cierto consenso, obedecer a una nueva renegociación del modelo territorial en su caso. Pero, a mi juicio, creo que yo no sería muy partidario de una amnistía un poco ocasional y sin un consenso al menos mayoritario. Pero hay elementos detrás que lo pueden forzar. Todos sabemos la necesidad y urgencia que hay de los votos del señor Puigdemont. Pero aquí hay dos partidos que se presentan y la gente decide a quién votar. Legalmente cabe todo, pero insisto, con unos presupuestos. Hay que analizar, es una institución excepcional y hay que utilizarla con mucho tiento, porque directamente planteada y sin otra justificación que la mera coyuntura electoral parece más cuestionable. Aquí me hago solidario con el Supremo y la duda es qué sentirían ellos, que han hecho un trabajo inmejorable, ateniéndose a la legalidad y claro esto significaría desmontar un poco todo eso. A mí el señor Marchena me parece un jurista impecable, que ha actuado siempre con una no solo lealtad institucional, sino que sometiéndose al principio de legalidad y su pregunta sobre qué siento yo, es qué siente él. No puedo hablar por él, pero lo podemos imaginar. Se recalca mucho la situación del Tribunal Supremo, que es grave, pero no debemos centrarnos solo en eso. Francisco Marín expuso los números el otro día, pero no hay que olvidarse de lo que hay detrás de esta crisis institucional, que se ejemplariza principalmente y casi exclusivamente en el TS. Pero entran 7 millones de procedimientos judiciales al año que están afectados. Se produce un retraso. Se han dejado de dictar en el Supremo 1.500 sentencias. Además de eso, no se debe olvidar que todo esto afecta a toda la carrera judicial. Hay un cierto desasosiego. En la cúpula, que somos 16, se han ido yendo. Hay una degradación institucional. Somos 16, éramos 21. Esto va a menos, pero la conciencia de la crisis institucional es que los dos grandes partidos, tenga la culpa quién la tenga, siguen y el problema es que cada uno tiene su visión del tema y en el fondo su visión es controlar esto, cada uno con un sistema, «yo quiero que sean los jueces porque parece que son los que los medios llaman conservadores», mientras que desde la otra perspectiva «yo quiero sea el Congreso porque le controlamos». Hay un afán legítimo, desde un perspectiva política, pero que es muy difícil encontrarse. Yo ese sentimiento no la he tenido. Quizás sea un privilegiado, pero evidentemente hay una aspiración por parte de la política en general de controlar esto de la que hay que intentar escaparse como sea porque ese es el mar de fondo. La política quiere controlar esto, sea quien sea, porque sí, porque según hemos ido montando el sistema les parece que es importante, y hay que combatirlo, buscar la manera de que esto sea ajeno. El otro día un responsable dijo «hay que cambiar la ley como sea porque ahora nos toca a nosotros, antes han sido ellos, ahora nos toca a nosotros» entonces claro, esa idea está presente y eso es terrible. No me acuerdo [quién lo dijo] Esa idea en un corrillo privado se dice. Ese es un tema muy político. El TC es un tribunal con una gran importancia política. Surja lo que surja no va a arreglar mucho las cosas. Salga como salga va a hacer una lectura interesada, lo que hay que hacer es renovar. Mi criterio, he defendido creo que el problema no se arregla con una ley, el debate entre que esto sea una designación corporativa o parlamentario creo que íbamos a seguir de futuro igual. A mi juicio, creo que los jueces deben de participar en los nombramientos de todos los órganos gubernativos, los presidentes de audiencia, de tsj... que les nombren los jueces de su territorio. Así existe con los jueces decanos y ha tenido éxito. Eso por un lado, nos quitamos parte del problema. Y el segundo problema, que es la designación de los altos cargos, a mí me parece que el sistema actual no tiene ningún sentido. Esto tenía, a mi juicio, que hacer un diseño mínimo de carrera judicial, que cada magistrado sepa qué tiene que hacer para acceder a la alta magistatura y luego un tribunal especializado dependiente del consejo, pero con eso se acabó un poco el problema, las ansias de controlar a los vocales tendría menos sentido. Claro modificar a estas alturas la ley en ese sentido no parece lo urgente. Tampoco tiene mucho sentido que sea yo los mío y tú los tuyos. Estoy deseándolo. Aquí no hay nada puntualmente dramático. Son pequeños dramas y no hay una formula magica para solucionarlo. Hay que ir dando pasos. La privación de funciones de la función básica del CGPJ, que son los nombramientos, ha repercutido en el TS. No seamos drásticos. Vamos a empezar a ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Vamos a aumentar la edad de jubilación y vamos a recuperar a los que quieran volver y se hayan jubilado en los últimos años. Hay buscar fórmulas de acuerdo. Si a mi me dicen que me tengo que jubilar en la universidad este año y me piden que vuelva, vuelvo deseando. Cada uno tiene su situación, pero hay gente buenisima y con 70 años están en la mejor edad.