El precedente de la jugadora que fue suspendida por no acudir a la llamada de la selección española... de voleibol

En la mañana del 15 de septiembre, 21 de las 23 campeonas del mundo firmaban un comunicado en el que mantenían su intención firme de renunciar a la llamada de la selección española de fútbol. Las jugadoras que levantaron el título mundial el pasado 20 de agosto exigen cambios estructurales y concretos en la Federación Española de Fútbol (RFEF) tras el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y todos lo que sucedió a continuación. Esta renuncia fue recibida por la RFEF de forma inesperada, al menos si tenemos en cuenta las declaraciones que Rafa del Amo, responsable del fútbol femenino en Las Rozas, realizó en 'El Larguero' el lunes de esta semana. Del Amo aseguró con Manu Carreño que el honor de Jenni Hermoso ya estaba "restaurado" y que no "creía" que hiciesen falta más cambios para que las jugadoras volviesen a ser seleccionables. Ante esta nueva situación, le toca mover ficha a la Federación Española de Fútbol, aunque las jugadoras deben tener en cuenta una variable: la posible sanción que recoge el ente federativo en caso de renuncia de representar los colores del combinado nacional.

La RFEF considera como falta muy grave dentro del reglamento federativo que un deportista rechace sin justificación esta llamada, ya que consta dentro de "los deberes" del deportista tal y como recoge la Ley del Deporte publicada en el año 2022. Las sanciones a las que se exponen las jugadoras que decidan no acudir a la llamada de la selección española son las siguientes: tendrían que pagar una multa que oscilaría entre los 3.006 hasta los 30.051 euros y se exponen a una retirada de licencia que puede ir de dos a cinco años, periodo en que tampoco podrían jugar con su club.

La carta que juega a favor de las futbolistas es que la retirada de licencia tan solo sería aplicable si son llamadas oficialmente por parte de la seleccionadora Montse Tomé. Deberían constar sus nombres de manera pública en la lista de convocadas para que la Federación pudiese intervenir y aplicar una posible sanción.

Este hecho tiene un precedente. Pero no en el fútbol sino en voleibol. Era el año 2010 y la jugadora de la Universidad de Burgos Sara González decidió no acudir con la selección española. Su justificación fue un contrato de trabajo extradeportivo y además debía completar sus prácticas como enfermera en el Hospital Divino Vallés de Burgos. No era deportista profesional y no se dedicaba al 100% al deporte, ya que tenía trabajo fuera de su desempeño como jugadora de voleibol.

Su justificación laboral fue ignorada por parte de la Federación Española de Voleibol, que, sin querer perderla durante ese largo periodo de tiempo, le impuso una sanción de tres meses por no acudir a la llamada del equipo nacional. La jugadora apeló esta decisión al Comité de Disciplina Deportiva al considerarla injusta y desmesurada. No obstante, este organismo le dio la razón a la Federación Española de Voleibol y dejó a la jugadora sin jugar durante tres meses. Sara González elevó el caso a instancias judiciales por la vía civil, pero la lentitud de la Justicia terminó con Sara González fuera de las pistas antes de que hubiese una resolución del caso. La jugadora de la Universidad de Burgos se quedó sin jugar un solo partido con su club durante el tiempo que le impuso la Federación al no acudir a su llamada con la selección española.

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Después de lo ocurrido y tras cumplir este castigo, Sara González no volvió a ser convocada con el equipo español por voluntad propia. "Espero que a nadie se le ocurra convocarme", afirmó después de perderse hasta un total de ocho partidos de la liga y la Copa de la Reina.