La Guardia Civil registró la RFEF durante once horas por el 'caso Negreira'

Operación de entrada y registro en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el 'Caso Negreira' por parte del grupo de Delitos Económicos de la unidad orgánica de la policía judicial de la Guardia Civil. A primera hora de este jueves, varios agentes de la Guardia Civil, vestidos de paisano, han entrado la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y han acordonado las instalaciones del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Según ha podido saber la SER, la Guardia Civil ha llevado a cabo un volcado de los datos de uno de los servidores de la RFEF para incautar información relacionada con el CTA y, además, se van a requerir varias actas en las que cada año se calificaba a los colegiados para fijar su categoría para la temporada próxima.

Un registro que ha terminado ya y ha tenido a los agentes en el interior de las dependencias federativas durante 11 horas. En todo ese tiempo se han analizado todo tipo de pruebas relacionadas con el 'Caso Negreira'. La Guardia Civil ha confiscado documentos de las reuniones donde se confirmaban los ascensos y descensos de los árbitros en la liga española de fútbol y todos aquellos que pudiesen demostrar la vinculación del Barcelona con el estamento arbitral después de los pagos demostrados que realizaba al vicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira.

El registro, en definitiva, ha tratado de hallar pruebas sobre el verdadero papel que representaba el excolegiado Enríquez Negreira en el CTA, ya que los investigadores no se creen lo que ha declarado hasta la fecha a los investigadores. Las fuentes adelantan que no se esperan detenciones de momento. Según las fuentes consultadas por la SER, todos los registros se han llevado a cabo en presencia de Alberto Olivares, actual director de Competiciones de la RFEF.

El instructor del 'Caso Negreira' sospecha que cada año el CTA premiaba a los colegiados que más beneficiaban al FC Barcelona. Según las investigaciones, sólo aquellos árbitros que favorecían los intereses del club blaugrana se mantenían en Primera División y tenían la opción de arbitrar fuera de España.

El juez atribuye al Barça y a Negreira un delito de cohecho

En un auto que ha sido notificado este jueves a las partes, el juez expone que la corrupción deportiva, que es el delito que se atribuía hasta ahora a los investigados, es un delito que se comete entre particulares y que en el 'caso Negreira' encaja mejor el delito de cohecho, que se da cuando un particular paga a un funcionario o autoridad pública por obtener un favor a cambio. Según el juez, el caso supone un delito de cohecho porque aunque Negreira, sobre el papel, era el vicepresidente de una entidad privada como el Comité Técnico de Árbitros, en realidad, dice el magistrado, cumple todos los requisitos para que se le considere como un funcionario público a nivel penal. Además, el magistrado escribe en el auto que, de hecho, para condenar al Barça en un hipotético juicio ni siquiera haría falta que llegue a demostrarse que adulteró la competición porque el delito de cohecho queda consumado cuando se paga a un funcionario para que haga un favor, independientemente de si este se realiza finalmente o no.

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Qué supone este cambio

La principal consecuencia de este cambio es que si finalmente se juzga al Barça por este delito de cohecho, que prevé penas de cárcel de entre 2 y 4 años, el juicio se hará con un jurado popular formado por 9 ciudadanos que será quien decidirá si el Barça delinquió o no. Además, el magistrado es muy duro en las afirmaciones que hace en el auto. Dice textualmente, por ejemplo, que los indicios recogidos hasta ahora demuestran "por lógica" que los pagos realizados por el Barça a Negreira entre 2001 y 2018 produjeron los efectos arbitrales que deseaba el club culé y que esto generó una desigualdad de de trato respecto a los demás equipos de la liga española y una corrupción sistémica en el arbitraje español.