Madrid

Ante la multitud de imágenes que acreditan la masacre que se está viviendo en Gaza, incluso con el supuesto uso de fósforo blanco, tal y como denunció Human Right Watch, otras organizaciones como Amnistía Internacional han dado el paso de exigir al Gobierno de España que frene la venta de armamento a Israel. Esa es la petición taxativa que recoge la carta que han enviado a la Secretaría de Estado de Comercio: “El Gobierno español y los demás Estados Miembros de la UE: deben abstenerse de suministrar a Israel armas, armas o equipos que podrían usarse para cometer crímenes bajo el DIH. Por ello, instamos a la JIMDDU a que su reunión mensual de octubre acuerde la suspensión del suministro, la exportación y autorización o la transferencia directa e indirecta, incluidos el tránsito y el transbordo, de todas las armas, municiones y otros equipos militares y de seguridad, incluido el suministro de formación y otra asistencia militar y de seguridad a Israel”, según recoge la misiva dirigida al Gobierno de España.

La decisión de frenar o no las autorizaciones de exportación de material de defensa fuera de nuestras fronteras está en manos de la Junta Interministerial (JIMDDU), representada por Defensa, Interior, Exteriores y, en especial, por el Ministerio de Comercio, que preside este órgano, que se reunirá en los próximos días.

El Reglamento de Control del Comercio de material de Defensa en España es muy claro, el artículo 7.1 contempla denegar esas autorizaciones “cuando existan indicios racionales de que ese armamento puede ser empleados en acciones que perturben la paz o la seguridad en un ámbito mundial o regional”. No solo a ese artículo se aferra Amnistía para pedir al Gobierno de España que frene la venta de armamento a Israel, también se amparan en "el artículo 6 del Tratado sobre el Comercio de Armas prohíbe las transferencias de armas cuando los Estados tienen conocimiento de que se podrían utilizar para cometer crímenes de guerra, como es el caso del presente conflicto".

En el caso de España, según datos oficiales, tal y como recuerda Amnistía Internacional, “en los últimos 7 años, España vendió armamento a Israel valorado en más de 12 millones, de las cuales las más preocupantes fueron los más de 2 millones de euros en munición, fundamentalmente para pruebas, más 700.000 euros en bombas, torpedos, cohetes y misiles, más de medio millón de euros en sistemas de dirección de tiro y más de 600.000 euros en la categoría de aeronaves, de los cuales más de medio millón corresponden a sistemas de detección de blancos de aeronaves de un programa de cooperación europeo y equipos para el motor de helicópteros Tigre”. Además, el gobierno español, desde 2015 y hasta junio de 2022, “concedió 290 licencias de exportación de armas a Israel por valor de más de 80 millones de euros, entre las que destacan las de las categorías de aeronaves (37 millones) y sistemas de dirección de tiro (17 millones), además de munición (1,5 millones) y bombas, torpedos, cohetes y misiles (1,7 millones)”.

Amnistía pide que se cierre el grifo de armas a Hamás

En líneas generales, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que se abstenga de suministrar armas a cualquiera de las partes en el conflicto, “dado que se están cometiendo graves violaciones de derechos humanos equivalentes a crímenes de derecho internacional”. Por eso, no solo urgen a frenar la venta de armas a Israel, también piden que "los Estados Miembros de la UE también deberían pedir a los Estados que suministran armas a Hamás y otros grupos armados involucrados en hostilidades que se abstengan de hacerlo”, recoge la carta. Tal y como recuerda Amnistía, diversos informes de inteligencia de algunos países apuntan a Irán sería uno de los suministradores de armas de Hamas.

Según Amnistía es “urgente que la JIMDDU adopte medidas inmediatas y basadas en principios. Los civiles seguirán pagando un alto precio mientras no se aborden las violaciones e injusticias que son las causas profundas del conflicto y no se brinde justicia y reparación a las víctimas”.