El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, hace público el «Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, una respuesta necesaria». Es la respuesta a la encomienda recibida del Congreso de los Diputados tras la aprobación de una Proposición no de Ley el 10 de marzo de 2022, que contó con el voto a favor de la mayoría de los grupos políticos de la Cámara Baja. El informe cuenta con 777 páginas y recoge además una encuesta encargada a GAD3, que contextualiza el problema. La encuesta revela que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. Otra de las conclusiones es que el 0,6% de la muestra representativa de la población encuestada (8.013 personas) ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico y un 1,13 % que la agresión se registró en el ámbito religioso, unas 440.000 personas de 38,9 millones de adultos. El 72% de los encuestados considera que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron de bastante grave. La mayor parte de las personas encuestadas piensa que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema. Esta es la primera encuesta que se realiza con estas características desde 1994, cuando el Ministerio de Asuntos Sociales hizo una similar, aunque la actual incluye más preguntas relacionadas con la problemática específica aquí examinada, y la muestra es muy superior. La encuesta demoscópica contempla una muestra metodológica y numérica significativa de la población española a partir de datos anonimizados recogidos por la Unidad de Atención a las Víctimas que han sido objeto de tratamiento estadístico y del análisis de las demandas y preocupaciones plasmadas en el Foro de las Asociaciones.