Sociedad

El Defensor pide celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas de abusos en la Iglesia y crear un fondo estatal de compensaciones

"No es cierto que todos lo sabían, pero no es verdad que nadie lo sabía", ha explicado Ángel Gabilondo durante la presentación del infome presentado

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, el informe de 777 páginas que la institución ha elaborado sobre denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos ante esta lacra. Tras la entrega, el Defensor ha detallado a la prensa las líneas claves de este documento. "Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y soledad que durante años se ha mantenido cubierta por un injusto silencio, el de quienes pudieron hacer más, o de otro modo, para evitarlo. No es cierto que todos lo sabían, pero no es verdad que nadie lo sabía", ha dicho.

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El testimonio de las víctimas ocupa más de cien páginas del informe y Gabilondo ha destacado "el sentimiento de soledad que han experimentado muchas víctimas hasta el punto de tener que hacer frente a la victimización secundaria de la sociedad, la justicia y la Iglesia". El Defensor del Pueblo ha dejado constancia de la respuesta "insuficiencia y dilatoria" de la Iglesia a las víctimas.

"Los testimonios revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en personas concretas", ha dicho.

"La víctimas siguen sin formar parte del derecho canónico. Lo que conduce a la soledad y a la indefensión", ha recordado."La comisión asesora ha trabajado con los datos de una encuesta demoscópica a la población española que tenía como sentido determinar la prevalencia, circunstancias, y consecuencias de los abusos en la Iglesia Católica en el contexto del abuso sexual infantil", ha explicado.

Gabilondo señala que las condenas por abusos no garantizan la indemnización: "Los pocos casos que han llegado a ser enjuiciados, con sentencias condenatorias, no siempre garantizan que las víctimas hayan visto satisfecho su derecho a la reparación con las cantidades de indemnización, ya que no han llegado a ser satisfechas. Los casos en los que se ha condenado a las diócesis han sido una minoría".

"Espero que este informe sirva para que otras víctimas denuncien"

"Si se hacen procesos de reparación serios, quizá otras víctimas dén el paso de denunciar. Para ello mantenemos abierta la pestaña de denuncias", ha explicado. El grueso de las víctimas que sufrieron los abusos se sitúa entre 1970 y 1990.

La Iglesia estimó que era mejor no participar en la Comisión a colaborar: "Ha habido una colaboración dispar". Gabilondo cree que, a pesar de estar colaboración dispar, los obispos creen que "nada dañaría más a la Iglesia que no hablar".

Gabilondo pide crear una autoridad institucional y fondo estatal

"Cabe preguntarse si las instituciones competentes adoptaron todos los medios a su alcance para proteger a los menores del abuso sexual en el sistema educativo. La regulación de un procedimiento específico permitiría hacer justicia a las víctimas, de manera que una autoridad institucional independiente declare públicamente que un hecho ha tenido lugar, que es injusto, y que ha causado un daño a la víctima. Esta vía supondría un gran avance para otorgar reconocimiento a las víctimas", ha pedido.

Otra de las conclusiones del informe es la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones. "Se propone la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas, que acuerde un órgano especial de carácter temporal, que tenga por finalidad la reparación en aquellos casos en los que no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario. Esta obligación puede cumplirse en cooperación con la Iglesia Católica, o con carácter subsidiario a la responsabilidad de la misma", ha explicado.

El informe propone una veintena de recomendaciones

El informe propone una veintena de recomendaciones concretas, entre las que se contemplan las siguientes:

  • Celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020.
  • Un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.
  • Crear un órgano administrativo especial que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.
  • Reformas normativas para la aclaración y reparación de lo sucedido, y para prevenir hechos similares.
  • La Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.

Gabilondo ha dicho que ahora es el momento del Congreso, de la Iglesias y de las administraciones para que adopten las medidas adecuadas a partir de las conclusiones del informe.

El Defensor se comprometió a entregar el documento ante el Parlamento antes de que finalizase la legislatura, cuestión que no se produjo debido al adelanto de las elecciones generales al pasado 23 julio. Ahora, la oficina que encabeza Gabilondo espera que la Mesa del Congreso ponga fecha para que el Defensor explique ante el Pleno los detalles del informe y así cumplir con la encomienda parlamentaria. Es previsible que aún esa comparecencia tarde en llegar a la espera de la investidura de un presidente del Gobierno para la constitución de un nuevo Ejecutivo.

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El Congreso de los Diputados pidió al Defensor en marzo de 2022 que investigase estos abusos en el ámbito eclesial. A principios de julio de ese año la institución constituyó una comisión asesora formada por 20 personas, de las que 17 son externas al Defensor y expertas en atención a víctimas, conocimientos jurídicos, derechos humanos, victimología o educación. Dicha comisión está presidida por Gabilondo y también participan su adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, y la segunda, Patricia Bárcena. Entre sus miembros hay algunos que tienen directa vinculación a la Iglesia.

En los primeros cuatro meses de funcionamiento de esta comisión, que se ha trasladado a distintas ciudades españolas para escuchar directamente a las víctimas, se ha reunido con responsables eclesiásticos y ha solicitado información a congregaciones y diócesis, se abrieron 253 expedientes de víctimas e abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, el 80% eran varones. El pasado marzo, durante la presentación del informe anual de la institución en la Cámara Baja, Gabilondo avanzó que la investigación de los abusos en la Iglesia llevaría "años".

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Investigaciones en paralelo

Esta investigación se solapa con otras que se están realizando sobre la misma cuestión, como la encargada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) al bufete de abogados Cremades&Calvo Sotelo, cuyos resultados también se han retrasado. Precisamente, según pudo saber Servimedia, el Episcopado trasladó hace unos días que iba a "estudiar" la propuesta de "ampliación del plazo de entrega del informe de auditoría".

En su portal de transparencia sobre esta lacra, la Conferencia Episcopal Española se recoge el informe ‘Para dar luz’, publicado la pasada primavera y que se hizo eco de los testimonios de 927 víctimas. Las agresiones se produjeron desde mediados de la década de 1940 y aunque el 80% abusaron en el siglo XX, a partir de 2020 se localizó a 34 victimarios.

 
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