Alberto Casero llega a un acuerdo y evita ingresar en prisión: durante seis años no podrá optar a ningún cargo público

Un año y nueve meses de prisión, seis de inhabilitación y el abono de una indemnización de casi 70.000 euros conforman el acuerdo alcanzado este martes entre la Fiscalía y el letrado del exalcalde de Trujillo (Cáceres) Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación en su etapa municipal. «Nunca se está satisfecho por esto, pero esto es lo que hay», ha dicho Casero a la salida de la Audiencia Provincial de Cáceres tras el acuerdo alcanzado entre las partes durante una audiencia previa que ha durado poco más de una hora. El magistrado ha dictado sentencia oral en estos términos de pena a cumplir tras el acuerdo de conformidad. La sentencia oral -la escrita será dictada en un plazo de 20 días- declara a Casero autor de presuntos delitos de prevaricación y malversación de cinco contratos públicos de servicio, patrocinio o convenios realizados entre marzo de 2017 a diciembre de 2018 en los que se incumplió la formalidad exigida al efecto por la normativa. Casero, asistido por el letrado Bernardo del Rosal, no entrará en prisión y deberá abonar al consistorio trujillano un pago inicial de casi 10.000 euros y mil euros mensuales durante 60 meses. Alcalde de Trujillo entre 2011 y 2019, Alberto Casero se enfrentaba, a tenor del escrito de Fiscalía, a ocho años de prisión, la inhabilitación absoluta durante 20 años y al pago de una indemnización cercana a los 70.000 euros al consistorio. Diputado nacional entre 2019 y 2023, Casero renunció de forma voluntaria a esta acta y su baja del partido en marzo de este año tras la propuesta del Tribunal Supremo de juzgarle por posibles delitos relacionados con estos contratos municipales. El magistrado del Supremo explicaba que el entonces alcalde de Trujillo concertó con diferentes personas y entidades una serie de contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo todo tipo de formalidad. De hecho, el magistrado apuntaba «vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios que además de periódicos se prestaban a entidad en la que el municipio sólo era una parte; plenamente subsumibles en el ilícito de prevaricación». Esta causa tiene su origen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo, que abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a contratos, acuerdos o convenios concertados con terceros por parte de Casero en su etapa como alcalde. Dado que Casero era diputado nacional, el procedimiento pasó al Tribunal Supremo (TS). Entre esos contratos, el auto hace referencia a que el 3 de marzo de 2017 Casero contrató a un psicólogo para atender a mujeres víctimas de violencia de género, y cobró cuatro facturas de 6.120 euros. Seguidamente, el 29 de agosto de ese mismo año suscribió otro contrato menor con el mismo psicólogo, con duración de un año y por 18.000 euros. Otro de los contratos es el convenio que Casero firmó en 2017 con la Cámara de Comercio de Perú, en un convenio de cooperación institucional que supondría 25.000 euros a las arcas municipales. Este convenio no fue aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía, y el exalcalde no informó a la Intervención, tal y como recoge la exposición razonada. Este también hace referencia a la contratación en 2017 y 2018 de la gala de los Premios Nacionales de la Música y las Artes Pop Eye por 42.000 euros sin «procedimiento administrativo alguno de contratación». Otro contrato hace alusión a una empresa para la organización de la Feria Internacional del Queso por el procedimiento de contrato menor y por 14.403 euros. Se firmó en 2018 sin informar tampoco a los servicios competentes. Por último, el ahora diputado popular suscribió con una empresa de comunicación un contrato de servicios y promoción de la citada feria, debiendo ser licitado en procedimiento abierto. Tras dejar su acta, el procedimiento fue devuelto al ámbito judicial cacereño.