Educación propone regular el uso del móvil en Primaria y la ESO durante el horario lectivo

El Ministerio de Educación, liderado por Pilar Alegría, ha lanzado la propuesta de regular el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos para los cursos de Primaria y la ESO. Según ha señalado en una rueda de prensa posterior a la reunión sectorial de Educación, es la propuesta que van a llevar a una reunión en enero con las Comunidades Autónomas y el Consejo Escolar, pero abogan por una solución consensuada. Para el caso de la ESO, la propuesta señala que se permita el uso solo sí lo decide el profesor en clase. En Primaria se defiende la prohibición en todo el horario lectivo. Además, también abogan porque no se use tampoco en espacios como el recreo y comedor. Desde el Ministerio consideran que es una preocupación social a la que el Gobierno debería dar respuesta y esperan llegar a un Pacto de estado. Durante la reunión, la ministra ha trasladado a las comunidades autónomas la necesidad de reunirse los primeros días de enero «para buscar una solución consensuada y adecuada por parte de todos para poder dar respuesta a esa preocupación que comparten las familias» respecto al uso de los teléfonos móviles. «Nos vamos a ver, vamos a reflexionar y vamos a debatir, para intentar generar soluciones y respuestas», ha dicho. «Queremos sentarnos con las Comunidades Autónomas, posteriormente tendré una reunión con el Consejo Escolar e iremos con una propuesta. La mayoría de las comunidades autónomas ya tienen su hoja de ruta», ha añadido. La Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía ya tienen prohibido el uso de teléfonos móviles como mecanismo de comunicación en los colegios durante los periodos lectivos, mientras que en el resto de regiones son los centros los que limitan su uso. Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma en prohibir el uso de estos dispositivos en los centros escolares. Así la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de 2014 establece que los menores «no deberán mantener operativos teléfonos móviles ni otros dispositivos de comunicación en los centros escolares, salvo en los casos previstos expresamente en el proyecto educativo del centro o en situaciones excepcionales, debidamente acreditadas». En la misma línea, esta ley regional señala que los menores «deben hacer un uso adecuado y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, preservando su intimidad y respetando los derechos de los demás». Un año después en 2015, Galicia prohibió el uso de móviles y dispositivos electrónicos durante los periodos lectivos. La Conselleria de Educación de la Generalitat catalana también ha impulsado un proceso participativo para regular el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos y prevé que el nuevo marco regulador llegue a las escuelas en enero de 2024. La Conferencia Sectorial de Educación se ha reunido este miércoles por primera vez en esta Legislatura para abordar cómo se resuelven los trámites para la incorporación de los alumnos en prácticas de Formación Profesional a la Seguridad Social y aprobar el reparto de 330 millones de euros a las comunidades autónomas, en una reunión presidida por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría. A partir del 1 de enero los alumnos en prácticas de Formación Profesional y los universitarios empezarán a cotizar a la seguridad social. Esta medida afectará a 1.100.00 estudiantes en prácticas de FP, que empezará a cotizar en 2024. El Gobierno cubrirá el primer año de cotización de los alumnos en prácticas. Durante la reunión, el director de la Tesorería General de la Seguridad Social, Andrés Harto, ha asegurado que han mantenido hasta 172 reuniones con las comunidades autónomas para abordar la cotización de los estudiantes en prácticas, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio.

Educación propone regular el uso del móvil en Primaria y la ESO durante el horario lectivo

Desde el Ministerio liderado por Pilar Alegría llevarán esta medida a una reunión con las Comunidades Autónomas y el Consejo Escolar, pero abogan por una solución consensuada

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