Decreto

La palabra decreto llegó casi intacta del latín decretum, derivada a su vez del verbo decernere, que significaba decidir, determinar. Así que el decreto era para nuestros abuelos romanos una decisión, una orden, una sentencia oficial. Y ese es el primer significado de la palabra para nosotros: decisión de un gobernante, de una autoridad, de un juez o de un tribunal sobre una materia en que tengan competencia. Y, específicamente, un decreto ley es una disposición legislativa provisional que puede dictar el Gobierno si es urgente y que requiere la ratificación posterior por parte del parlamento, que es de lo que hablamos hoy.

El decreto tiene ventajas para quien decreta, pero mala fama como fórmula legislativa en una democracia, porque evita el debate y la posibilidad de enmiendas. Por eso, hacer algo “por decreto” ha quedado en la lengua coloquial para referirnos a lo que hay que hacer porque sí, de forma inapelable, por narices. También se habla coloquialmente de “decreto ómnibus”, que sonaría a una disposición sobre autobuses urbanos. Pero no. Aunque ese es el único significado que el diccionario da a ómnibus, este término, que también llegó puro del latín, significa literalmente “para todos”. Y es que en estos decretos, como en un cajón de sastre, cabe de todo.