El PSOE y sus socios blindan el texto definitivo de la amnistía ante futuros "ataques"

Madrid

Ahora sí. El PSOE da por cerrada la proposición de ley que regula la amnistía para los delitos del procés tras la incorporación de enmiendas en la Comisión de Justicia, que este martes ha enviado el texto al Pleno del Congreso para su visto bueno definitivo la semana que viene. Sigue adelante la tramitación en la que se ha buscado reforzar las garantías jurídicas de la ley (que tendrá que superar una importante ofensiva en los tribunales) y alejar además el temor de los independentistas de que puedan quedarse fuera de su aplicación el expresident Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ambos investigados por el juez García Castellón por terrorismo por el caso Tsunami. El juez vincula las protestas de 2019 en Cataluña y la muerte por un paro cardíaco de un ciudadano francés en el aeropuerto de El Prat.

Los socialistas habían encontrado una frase resultona para zanjar el debate sobre la amnistía de los casos de terrorismo. Hablaban de que esa era su "línea roja". Esas dos palabras se les han vuelto en contra este martes cuando han informado de la modificación de este punto de la norma, por mucho que no la cambian para abrir la mano y ampliar el perímetro de la ley. Los casos de terrorismo seguirán quedando fuera, pero la contundencia de las declaraciones previas ha dado alas a las críticas de la oposición, que vuelven a hablar de nuevas cesiones en la negociación de la amnistía.

El PSOE niega la mayor: "Se ha mantenido el mismo criterio desde principio, amnistiar todos los delitos del procés salvo los graves y el número de beneficiarios es el mismo con la redacción actual tras enmiendas que con la original", explican fuentes socialistas.

¿Y por qué estos cambios el último día? Para empezar, hasta el final Junts y ERC han intentado que la amnistía incluyera todos los casos de terrorismo sin excepción y ha sido al final cuando han accedido a esta fórmula que, según los socialistas, refuerza la ley. "Una ley sin flancos débiles resiste los ataques", argumentan esas fuentes, conscientes de que la norma tendrá que enfrentarse a recursos ante el Tribunal Constitucional y la Justicia europea.

¿Por qué hasta ahora el PSOE no había visto esta debilidad? "Porque la ley ha pasado por diferentes fases y cuando se registra y es pública permite que participe más gente y por lo tanto verla con ojos nuevos y detectar más ámbitos de mejora", explican fuentes del equipo redactor.

Sentencia firme

En el texto inicial, se excluían de la amnistía los condenados por terrorismo con sentencia firme. No hay ninguna sentencia firme y difícilmente podrá haberla cuando se aplique la amnistía, dado que la ley estará previsiblemente aprobada en abril y la propia norma establece un periodo máximo de dos meses para su aplicación. Hay fuentes socialistas que explican que eso podía terminar siendo un "coladero" y que ha sido el propio PSOE el que ha querido dotar de más seguridad jurídica el texto para evitar problemas en su periplo en los tribunales.

Con la enmienda pactada a última hora del lunes, desaparece esa distinción entre condena firme o no firme en casos de terrorismo y se introduce el elemento de la gravedad. La ley no se aplicará a los casos de terrorismo con intención directa de provocar violaciones graves de los derechos humanos y sí a los casos de terrorismo sin intención directa de provocar violaciones graves de los derechos humanos.

Junts y ERC han aceptado este cambio después de mantener durante toda la negociación que tendría que eliminarse la exclusión del terrorismo, sin límite alguno. Con la nueva redacción, dicen en Junts apuntalan la aplicación de la amnistía el caso Tsunami Democràtic y el de los Comitès de Defensa de la República (CDR), que se siguen en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo.

Hay una segunda enmienda incorporada por el PSOE y sus socios parlamentarios, que también afecta de lleno a la aplicación de la amnistía y al levantamiento de las medidas cautelares y órdenes de búsqueda y captura. El nuevo texto deja claro que el juez retirará de "inmediato" esas medidas cautelares, aunque el procedimiento penal esté en suspenso "por cualquier causa", como un recurso. Y precisa además que el juez deberá "dar por finalizada" la ejecución de todas las penas decretadas en el procedimiento judicial, tanto prisión, como multas.