El Supremo autorizó el espionaje al móvil de Aragonès porque el CNI creía que "dirigía" a los CDR "desde la clandestinidad"
El entorno del president de la Generalitat considera invenciones inverosímiles las justificaciones del espionaje.
Barcelona
Los documentos desclasificados por el Gobierno sobre el espionaje con Pegasus revelan que el Tribunal Supremo autorizó el espionaje al móvil del entonces vicepresidente porque el CNI creía que "dirigía y coordinaba" a los CDR "desde la clandestinidad". En las últimas horas las partes han accedido a los documentos y este viernes se prestará declaración a Paz Esteban, quién era en ese momento la directora de los servicios de inteligencia, y que fue destituida solo unos días después de que saliera a la luz este espionaje a Aragonés y otros dirigentes independentistas.
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Desde el entorno del president han mostrado su indignación por la justificación que el Supremo hizo para autorizar el espionaje, que califica como invenciones totalmente inverosímiles. Además, la defensa del president considera que la desclasificación de documentos por parte del CNI es totalmente insuficiente y lamenta que de algunos párrafos no pueda entenderse su sentido porque, aseguran, los documentos están llenos de tachones y partes eliminadas que no se pueden leer.
El Ejecutivo dice que las escuchas son operaciones "iniciadas por el CNI antes de que llegaran al Gobierno"
El Gobierno de España ha emitido un comunicado tras la publicación de las informaciones sobre lo que ha asegurado la defensa de Pere Aragonès sobre el Tribunal Supremo y el espionaje al móvil del que entonces era vicepresidente catalán. en este texto, el El Ejecutivo asegura que las escuchas corresponden a operaciones "iniciadas por el CNI antes de que llegaran al Gobierno" y "contaron siempre con autorización judicial".
"Ahora hay transparencia, garantías y Estado de derecho. Con el PP había guerra sucia y policías paralelas", dice el Gobierno, que recuerda que "ni el CNI, ni el Supremo tienen que informar al Gobierno".
Además, recuerda el Ejecutivo que ellos "decidieron colaborar con la justicia y desclasificar esta información a petición de un juez, siempre con el límite de la seguridad nacional". Para terminar, el texto dice que el Estado de derecho y la transparencia actuales "nada tienen que ver con la policía paralela y la guerra sucia de la etapa del PP".
