El Gobierno reitera su compromiso con los agricultores y garantizará su derecho de protesta y la convivencia ciudadana
"Vamos a estar siempre protegiéndolos, acompañándolos y respaldándolos", asegura la portavoz del Gobierno.
Decenas de tractores se concentran en la ciudad de Girona. / David Borrat (EFE)
Madrid
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reiterado este martes su compromiso con el sector primario, alegando estar "al lado" de los agricultores: "Vamos a estar siempre protegiéndolos, acompañándolos y respaldándolos". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría se ha referido a la jornada en la que miles de agricultores españoles están participando en tractoradas que están bloqueando numerosas carreteras.
Previamente, el Ministerio del Interior ha asegurado que establecerá los dispositivos de seguridad necesarios para garantizar el derecho de manifestación de los agricultores sin que el ejercicio de estas protestas en las carreteras altere la pacífica convivencia ciudadana. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que las fuerzas y cuerpos de seguridad establecerán operativos especiales si así lo consideran para procurar que las protestas de agricultores que desde primera hora están afectando a decenas de carreteras que están cortadas por la presencia de tractores no perturben la convivencia ciudadana.
Precisamente, la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, tipifica como infracción administrativa graves la ocupación u obstaculización de vías y espacios públicos con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana.
Multas de hasta 30.000 euros
En este caso, la sanción lleva aparejada una multa de entre 600 y 30.000 euros, sobre la que se establecen grados en función de su gravedad: el grado mínimo (de 600 a 10.400 euros); grado medio (de 10.401 a 20.200 euros) y el grado máximo (de 20.201 a 30.000 euros).
La ley de Seguridad Ciudadana también contempla como infracción leve -multa de 100 a 600 euros- la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones cuando no hayan sido comunicadas según lo dispuesto en la ley reguladora del derecho de reunión de 1983.
Entre sus preceptos, esta norma obliga a que los organizadores de dicha manifestación comuniquen por escrito a la autoridad competente la celebración de reuniones en lugares de tránsito público con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo.
En caso de causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas, según dispone la ley.
Las protestas de agricultores están siendo protagonizadas, en muchos puntos de España por productores independientes convocados por las redes sociales que han salido a las carreteras con sus tractores, lo que está provocando cortes de vías de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Valencia, Aragón o Cataluña. Algunas de estas protestan no cuentan con la autorización de las respectivas Delegaciones del Gobierno.
