El Supremo revoca el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra

MADRID

El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto del Gobierno que entregaba a Navarra la competencia en materia de tráfico que estaba en manos de la Guardia Civil. La sala de lo contencioso administrativo considera que el Real Decreto no es un mecanismo suficiente en este caso porque esta competencia no está contemplada en la LORAFNA (Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra) ni en su derecho histórico. Sería necesario una reforma de la LORAFNA, equivalente al estatuto de autonomía, o una ley orgánica para poder traspasar las competencias.

Dice la sentencia que " del estado competencial existente al tiempo de promulgarse la LORAFNA no se deduce que la Comunidad Foral tenga una competencia que incluya las funciones que, en su lugar, ejerce la Guardia Civil, sí las que ejerce en concurrencia, concretada en funciones de colaboración o cooperación con la Guardia Civil y son las que ésta ejerce las que pretenden traspasarse sin ostentar Navarra un título competencial, ni con la LORAFNA ni antes de promulgarse”.

Con esto argumentos, el alto tribunal estima el recurso de JUCIL, la asociación justicia de la guardia civil, que sostenía que la competencia exclusiva en materia de trafico en la comunidad foral correspondía a la guardia civil y que la policía autonómica tenía reservadas las funciones de colaboración y cooperación con la benemérita. Por cierto, que los magistrados también le dan un tirón de orejas al Gobierno de María Chivite que cuestionaba la legitimación de JUCIEL para interponer recurso. Dicen que “paradójicamente, la mejor defensa de la legitimación activa de JUCIL la hace la propia Comunidad Foral de Navarra. Para negársela, sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y a renglón seguido, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos. Para ello nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas en otros destinos geográficos, es decir, yéndose de Navarra o, en fin, podrán integrarse en la Policía Foral de Navarra”. Para el tribunal “es obvio que cualquiera de esas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial”.