El Gobierno ya no dice que no se va a cambiar la ley de amnistía y ve el acuerdo "cerca": "Entró impecable y saldrá impecable con la Constitución"

Madrid

"Voy a ser prudente, pero el acuerdo está muy cerca. Más allá de las negociaciones, esta ley entró impecable y saldrá impecable con la Constitución, el derecho europeo y con el objetivo de mejorar la convivencia", ha explicado la ministra portavoz Pilar Alegría sobre la ley de amnistía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno ha dejado de decir que el texto no se va a cambiar e insiste en que lo que salga se adecuara al marco actual y que el acuerdo está "muy cerca". El Congreso prorrogó hasta el 7 de marzo el plazo para desatascar el texto. Distintas voces como el exlíder de Unidas Podemos en el Congreso y negociador de Sumar en la última investidura, Jaume Asens, explican que el acuerdo entre el PSOE y Junts es "inminente", aunque sigue sin hacerse público.

Este lunes, la portavoz de la ejecutiva federal, Esther Peña, aseguró que el texto fruto del acuerdo, cuando se produzca, va a ser prácticamente idéntico al que Junts rechazó hace unas semanas. Sostuvo que se va a tocar el artículo relativo al terrorismo. Fuentes del Ejecutivo, sin embargo, quitan importancia al debate sobre los cambios en la redacción del conjunto de la ley. Los independentistas dan por hecho que habrá correcciones que justifiquen su apoyo a la tramitación. En lo que insisten en el ala socialista del Gobierno es en que todo lo que se modifique irá en la dirección de reforzar jurídicamente el texto y que supere el filtro del constitucional. “Lo importante es cómo sale la ley”, sostienen.

"Nada está acordado hasta que todo está acordado", ha explicado también Pilar Alegría.

Preguntada por el 'caso Koldo' ha defendido la "transparencia y la ejemplaridad" como "bandera" del Gobierno: "Hace años veíamos como en Génova se destrozaban los ordenadores a martillazos. El PP ha votado en contra de la comisión de investigación del Congreso".

Alegría se ha mostrado convencida de que "una vez pasado el ruido oportunista del PP quedará la respuesta ejemplar del Gobierno". Respecto a las explicaciones dadas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y las peticiones de dimisión del PP, la ministra portavoz ha dicho que se ciñe a los hechos: "Hay un gobierno que lideraba Armengol que abrió un expediente para que se le reintegrara la cantidad de un contrato, un gobierno del PSOE que abrió expediente para recibir y otro gobierno, del PP, de Prohens que ha permitido que se caducara el reintegro de esas cantidades".

"No deja de ser paradógico que Tellado, que aparece en el sumario pida explicaciones a quien no aparece como Armengol", ha añadido.

El Gobierno aprueba leyes básicas para 20.000 bomberos forestales y agentes medioambientales

El Consejo de Ministros ha aprobado sendos proyectos de ley para establecer un marco jurídico básico de los bomberos forestales, por un lado, y de los agentes forestales y medioambientales, por otro, con el fin de que estos trabajadores tengan unas condiciones laborales y profesionales equivalente en toda España. Ambas normas serán remitidas entonces al Congreso de los Diputados para que comience su tramitación parlamentaria. “Cuidemos a los que nos cuidan. Esto, que se aplica, lógicamente, a los sanitarios y a las personas que nos cuidan cuando estamos en una situación de dependencia, también se aplica a nuestros ecosistemas, también se aplica a nuestros bosques.

Por eso, queremos recuperar la ley de agentes ambientales y la ley de bomberos forestales”, apuntó Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en declaraciones facilitadas por su departamento. Ribera indicó que el Gobierno pedirá la tramitación urgente de ambas normas en el Parlamento para que esas leyes básicas estén disponibles “antes del verano”, época que suele coincidir con la campaña contra los incendios forestales, “o a más tardar a la vuelta” del periodo estival. Esas dos figuras están actualmente reguladas por las comunidades autónomas conforme a sus competencias, lo que provoca desigualdades entre los trabajadores. Se trata de dos colectivos que suman unas 20.000 personas.