La derecha judicial maniobra para renovar el control en las salas de gobierno de los tribunales

Madrid

Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial se han marcado un nuevo objetivo dentro de la estrategia de controlar todos los escalones de la carrera judicial. Buscan renovar el control que tienen de las salas de gobierno de los tribunales españoles. El próximo mes de octubre se convocan elecciones a las de Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia. Por eso, quieren que el pleno que el Consejo del Poder Judicial celebra este mes tumbe la posibilidad de votar de forma telemática. Un sistema que se ha usado pacíficamente en las elecciones a la comisión de ética judicial o en la solicitud de traslado de juzgado. El sector conservador solo quiere que se pueda votar de forma presencial, lo que favorece a la mayoritaria conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), según denuncian en bloque el resto de asociaciones que, recuerdan, como sus miembros se pasean por las sedes judiciales de las comunidades donde hay más de una provincia recogiendo votos para llevarlos a la capital.

El voto telemático contaba con el visto bueno del gabinete técnico del órgano de gobierno de los jueces, pero los vocales quisieron recabar los informes de las salas de gobierno que están controladas en su mayoría por la APM que sembraron dudas sobre la legalidad de la medida. Ante esas dudas, la comisión permanente decidió elevar el caso al pleno donde la amplia mayoría de vocales elegidos a propuesta del PP hacen presagiar el rotundo rechazo al voto telemático.

Los vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces son la correa de transmisión del Partido Popular que bloquea desde hace más de cinco años la renovación del Consejo que tiene solo a 16 de sus 21 miembros y va por su segundo presidente suplente. Con la cúpula judicial bloqueada y sin renovación posible, estos vocales, a los que se sumó el voto de la progresista Pilar Sepúlveda, tomaron el control de la cantera la semana pasada: la Escuela Judicial con sede en Barcelona que es la encargada de formar a los jueces durante un año antes de que asuman su primer destino. El siguiente objetivo son las salas de gobierno que pueden emitir informes al Consejo, establecen los turnos para repartir los asuntos y llegan a acuerdos para la publicación de declaraciones institucionales como ha ocurrido recientemente con la tramitación de la ley de amnistía.