La prensa de El Salvador lucha contra el miedo

Ser periodista en El Salvador se ha convertido en una tarea de alto riesgo. Nunca fue un oficio fácil en este país, sumido en la violencia y, desde hace cinco años, bajo el mando de Nayib Bukele, el presidente que le ha declarado la guerra a las pandillas sirviéndose de un duro régimen de excepción.

En 2023 las agresiones a periodistas y medios de comunicación ascendieron a 311, más del doble que el año anterior. Sólo en el periodo electoral entre enero y febrero de 2024 se contabilizaron 64 vulneraciones a la prensa, casi las mismas que en todo el año 2018, según los datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Su presidenta, Angélica Cárcamo, asegura que, mientras que antes procedían de pandillas y el crimen organizado, ahora el Estado es el principal agresor. “La entidad que debería garantizar y proteger la libertad de expresión, prensa y el acceso a la información. Hoy por hoy es la entidad que más vulnera el derecho de la prensa”, denuncia.

Esas agresiones tienen que ver con el espionaje, prohibido en el país, pero también con las reformas legales salidas del régimen de excepción y que, según Cárcamo, criminalizan a la prensa. “Por ejemplo, tomar una fotografía de un grafiti de una pandilla podría implicar hasta quince años de cárcel”, señala. También denuncia un aumento de agresiones por parte de militares y de la Fuerza Armada. El resultado es que hay varios periodistas apresados. Pone como ejemplo a Víctor Barahona, que estuvo 11 meses en prisión en 2023. “Tras sus denuncias, la Fiscalía General de la República intentó volver a quitarle su derecho a la libertad para silenciarlo”.

La APES sostiene que las entidades legales de los medios de comunicación se han visto perseguidas. Medios como el Faro o El Mundo se han visto obligados a migrar administrativamente sus oficinas o están en crisis y han tenido que eliminar su publicación en papel.

“Hay colegas que han dejado de hacer coberturas sobre la seguridad, por ejemplo, para evitar tener represalias por parte del Estado”, lamenta Cárcamo, que ha sufrido en sus propias carnes la vigilancia frente a su casa y otras medidas de intimidación. La periodista apunta a una estrategia “muy sutil” de Bukele para “atacar y vulnerar derechos tan fundamentales como la libertad de prensa, pero a través de vías indirectas”, como la pauta publicitaria gubernamental o las amenazas a empresarios. “Es más una cultura del miedo que está permeando y obviamente cada vez es mucho más difícil desde el ecosistema tradicional de medios hacer la labor periodística independiente”.

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Esta estrategia empieza a extenderse a nivel regional. Ante el efecto contagio a otros países, como ha ocurrido con Ecuador, que se ha planteado replicar las soluciones de Bukele para luchar contra las bandas criminales del narcotráfico, Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, quiere recordar que el discurso dicotómico de que tenemos que elegir entre seguridad y derechos humanos no es real. Insiste en hacer ver que la concentración absoluta del poder que se da en El Salvador no deja ninguna garantía para los derechos humanos.

Le preocupa el “bloque antiderechos” que presentan líderes como Trump, Milei y Bukele, y también la respuesta de seguridad que se está replicando sobre todo en el sur de América. “Al menos en 16 países, en ámbitos preelectorales o incluso en mítines, funcionarios o candidatos electorales mencionaron al presidente Bukele como ese modelo a seguir”, alerta Santos.

Tras dos años de régimen de excepción en El Salvador, las organizaciones han comprobado “cómo se ha utilizado para amedrentar, para callar, para auto censurar y para reprimir cualquier tipo de protesta y denuncia”, dice Santos. “También cómo se arremete contra familias de personas defensoras o ambientalistas”. Ante la estrategia de protección de la seguridad y una manipulación constante, es difícil combatir las medidas del régimen, por eso Santos cree imprescindible que los ciudadanos conozcan sus derechos y que no se piense que éstos se pueden intercambiar por seguridad.

“La situación que estamos viviendo es como una burbuja que va a explotar en cualquier momento, porque nos están tocando los temas estructurales”, advierte la activista. “Cuando el descontento crezca y la persona que esté en el poder quiera seguir aferrándose al poder, va a ser un problema”.