Récord histórico de la pobreza infantil en España: casi el 11% de niños y adolescentes carecen de lo necesario para una vida digna
Supone 4,8 puntos porcentuales más que los datos prepandemia de 2019, según el Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida 2024
España, país con mayor pobreza infantil de la UE. / Ruben Earth
Récord histórico de la pobreza infantil en nuestro país: la falta de alimentos o de acceso a la energia eléctrica en hogares con menores en España nunca había sido tan alta. España ha alcanzado en 2023 el récord histórico en carencia material severa en hogares con niños y adolescentes, según revela el Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida 2024, que ha presentado este lunes en rueda de prensa la Plataforma de Infancia.
En concreto, según la Plataforma, los niños y adolescentes con falta o insuficiencia de recursos materiales básicos necesarios para una vida digna y adecuada ha aumentado al 10,8% en 2023, lo que supone 4,8 puntos porcentuales más que los datos prepandemia de 2019.
Así, el año pasado la carencia material severa afectó a 867.000 niños y adolescentes. Por tramos de edad, de 0 a 3 años, al 9,8% de menores de 18 años; de 4 a 12, al 10,4%; y de 13 a 17, al 11,9%. En esta misma línea, añade que en 2022 los menores de 18 años con carencia material severa era del 10,1%, mientras que en 2015 del 9,1% y del 2008 del 5,5%.
Del informe se desprende que más de uno de cada diez niños adolescentes viven con carencias materiales severas. En concreto, el 22,7% de las personas de hogares con niños y adolescentes en riesgo de pobreza tienen carencias materiales severas frente al 6,3% que no están en riesgo de pobreza. Por comunidades, el estudio refleja que Canarias presenta las tasas más altas de carencia material severa (23,1%) y hogares con baja intensidad de empleo en la infancia (18,7%) en comparación con el resto de España.
Igualmente, el análisis muestra que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE en la infancia se ha incrementado en 1,7 puntos, pasando del 32,2 % en el año 2022 a un 33,9% en el año 2023. Mientras, para el conjunto de la población el incremento ha sido de 0,7 puntos, situándose en el 26,9%.
El estudio de la Plataforma de Infancia también revela que pertenecer a familias numerosas y monomarentales, con bajo nivel formativo o ser niños y adolescentes con padres y madres de origen extranjero, aumenta el riesgo de pobreza. En este sentido, el informe refleja que entre 13 y 17 años la tasa de pobreza y/o exclusión social es del 37,1%; entre 4 y 12 años, del 32,6%; y entre 0 y 3 años, del 31,8%.
Plataforma de Infancia también expone en el análisis que el aumento de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en la infancia en los últimos doce meses no se ha manifestado con la misma intensidad en todas las comunidades. Así, destaca que regiones transfronterizas como Canarias, Ceuta y Melilla tienen una población infanto-adolescente muy vulnerable y un alto riesgo de pobreza infantil. Además, recalca que Andalucía, Murcia y Extremadura tienen tasas de riego de pobreza en infancia y adolescencia muy elevadas.
Respecto a la pobreza energética y alimentaria en la infancia en España, esta presenta los registros más altos desde que se cuentan con datos. El 19,9% de los hogares con niños y adolescentes no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada. En este sentido, las familias monoparentales son las que presentan un porcentaje más elevado, un 33,9%, con un incremento de 7,1 puntos.
El 6,9 % no puede permitirse comer proteínas animales cada dos días
Además, el 6,9% de los niños y adolescentes menores de 18 años (más de 550.400) no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Según el informe, los hogares monoparentales son los que presentan el porcentaje más elevado sobre este tipo de carencia, el 11,5%, con un incremento de 4,1 puntos.
Del informe también se desprende que en el 2023, el 42,8% de los niños y adolescentes se han visto afectados por la falta de capacidad económica para hacer frente a imprevistos, lo que representa un aumento anual de 4 puntos porcentuales. Asimismo, el 34,1% de ellos no pueden permitirse salir de vacaciones durante al menos una semana al año.
Así, por parte de la Plataforma de Infancia proponen en el análisis una ayuda a la crianza de carácter universal a través de deducciones fiscales reembolsables. "Es una política que no solamente va a reducir sustancialmente la pobreza, sino que también va a apoyar a las familias con niños y niñas que estén en pobreza o estén en una situación límite, o incluso aunque no lo estén, por el desembolso económico que supone el cuidado de los niños y las niñas", ha apuntado el director de la Plataforma de Infancia, Rodrigo Ibarra.
Rubén Pérez Correa, secretario de Estado de Juventud e Infancia, sobre la nueva Ley de Infancia, en Hoy por Hoy Alicante
17:00
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También ha añadido que es "importante" que la Ley de Familia aborde el compromiso con la directiva de conciliación europea que obliga a remunerar cuatro meses el permiso parental.
Propone "facilitar"el proceso burocrático del Complemento de Ayuda a la Infancia
Por otro lado, ha denunciado que el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) no está llegando. En este sentido, ha pedido "mejorarla" y "facilitar" el proceso burocrático de presentación, de documentación, "para justificar que se está en condiciones de ser potencialmente beneficiario y se haga de una manera más ágil, con menores trámites y facilitando el acceso a esta política de rentas". Asimismo, ha pedido "mejorar" el Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como las Rentas Mínimas de Inserción.
En materia de educación, Plataforma de Infancia pide avanzar en el compromiso de la universalización de la educación 0-3 de calidad, para que se garantice el acceso a los niños en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social, así como a aquellos con discapacidad, mediante becas y tarificación social. En esta línea, solicita crear políticas específicas para los adolescentes de entre 13 y 17 años con planes específicos para prevenir el abandono y el fracaso escolar.
Finalmente, propone aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio desde el 0,21% del PIB actual al 0,44% del PIB en 2025, así como adoptar un Plan Estatal de Inclusión Educativa contra todas las formas de segregación y garantizar el acceso al comedor escolar a todos los niños en situación de pobreza.
