Cronología de un bloqueo intencionado: cinco años y medio después, PSOE y PP renuevan el órgano de los jueces

Fumata blanca en Bruselas. El Partido Socialista y el Partido Popular han acordado este martes renovar el Consejo General del Poder Judicial, también conocido como el órgano de los jueces. Se trata de un mandato que estaba caducado desde el 4 de diciembre de 2018, es decir, cinco años, seis meses, y 21 días. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, han escenificado el acuerdo desde Bruselas.

Se pone fin así a un bloqueo por parte de un PP que ha utilizado argumentos de todo tipo para incumplir el mandato constitucional. Comenzó durante la etapa de Pablo Casado como secretario General del partido y continuó con su sucesor y actual líder popular, Alberto Núñez Feijóo. Hasta ahora, el desprestigio del CGPJ era enorme, con 16 de sus 21 miembros originales -entre dimisiones, jubilaciones y fallecimientos- y con un mandato que iba ya por el segundo presidente suplente. La situación era tan anormal que el Poder Judicial estaba inmerso en una bicefalia. Por un lado, hay un presidente en funciones en el Tribunal Supremo y por otro un presidente en funciones en el Consejo.

Todo comenzó en agosto de 2018, cuando su presidente, Carlos Lesmes, comunicó a las Cortes la apertura del plazo para presentar candidaturas, ya que los 20 vocales son elegidos a partes iguales por ambas cámaras, con 10 cada una, seis entre jueces y magistrados y cuatro entre juristas de reconocida competencia. En septiembre, Lesmes les remitió la lista con los 51 precandidatos propuestos por las asociaciones judiciales para los 12 asientos que corresponden a jueces y magistrados.

El 12 de noviembre de 2018, se dio a conocer un acuerdo por el que PSOE y PP colocaban al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, en la cúspide del CGPJ, a cambio de que hubiera 11 vocales progresistas y 9 conservadores. A los pocos días el acuerdo saltó por los aires por un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el chat de WhatsApp de los 146 senadores 'populares' del momento. Según reveló El Español, quería apaciguar los ánimos ante las críticas internas por el pacto.

"Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional, (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y 'auctoritas' para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la Sala Segunda desde detrás", decía Cosidó, en alusión a la sala que juzga a los aforados.

Podemos, los indultos, la sedición o que "los jueces elijan a los jueces"

El 4 de diciembre de 2018 legó sin acuerdo político para nombrar un nuevo CGPJ. Transcurrido un mes, Lesmes envió la primera de sus cuatro cartas a los presidentes de las Cortes para recordarles "la necesidad" de cumplir con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que les encomienda actuar para renovar en plazo.

Su última misiva al Legislativo fue en julio de 2020, cuando superadas las elecciones generales de noviembre de 2019 que validaron el desembarco de Pedro Sánchez en La Moncloa, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, y en la fase de desescalada tras el primer estado de alarma por el coronavirus, creyó oportuno recordar a las Cortes ese "mandato legal".

La legislatura de Sánchez arrancó y fue entonces cuando comenzaron la larga lista de excusas esgrimidas por el PP para no renovar el CGPJ. En 2020, con Pablo Casado al frente de los populares, el argumento utilizado fue Unidas Podemos: "No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del Rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de 'batasunos'", declaró Casado en verano del mencionado año. Unos meses más tarde, su número dos, Teodoro García Egea, fue más explícito: "Prefiero que (el CGPJ) siga como está a que entren miembros de Podemos a una institución que desprecia".

El año terminó y la llegada de 2021 trajo un nuevo argumentario para mantener el bloqueo judicial. En los primeros meses, consideraron que PSOE y PP no podían llegar a un acuerdo debido a su posible interferencia en las elecciones que iban a celebrarse en la Comunidad de Madrid. Una vez pasaron los comicios, el Ejecutivo aprobó los indultos a los condenados del procès, por lo que desde Génova indicaron que tras este movimiento no podían pactar nada con Ferraz, añadiendo incluso que es Sánchez el que está bloqueando la renovación institucional con este tipo de decisiones.

Poco después, tratando de reforzar ese argumentario, señalaban que el acuerdo no era posible porque "Sánchez no es un presidente normal", como declaró Javier Maroto. Acto seguido, el PP de Casado sacó a relucir uno de los razonamientos que ha llegado hasta el PP actual, que es que pedía "despolitizar la justicia y que sean los jueces los que elijan a los jueces".

En esta ocasión, con la llegada de 2022 se produjo un choque de trenes entre Díaz Ayuso y Pablo Casado que terminó con el destierro del segundo por sacar a la luz las comisiones que el hermano de la primera se llevó en la pandemia. Núñez Feijóo dio el paso al frente que le pedían en su partido y pasó a liderar la formación conservadora, dando esperanzas de cara a que la renovación del órgano de los jueces era posible. El mandato llevaba caducado ya casi cuatro años.

Pero el hombre de Estado que presumió ser el nuevo líder popular no tardó en poner trabas al acuerdo. En primer lugar, pidió posponer la negociación a después de las elecciones en Castilla y León y posteriormente en Andalucía, que se celebraron en mayo de 2022. Fue entonces cuando desde Génova comenzaron a supeditar el acuerdo del CGPJ a un acuerdo global en el que se incluya la renovación de otros órganos, un extremo que desde Ferraz rechazaron.

El segundo semestre del 2022 estuvo marcado por la reforma legal para renovar el Tribunal Constitucional y la reforma del código penal que suprimió el delito de sedición. En octubre, cuando parecía que ambos partidos habían llegado finalmente a un acuerdo y el CGPJ iba a renovarse, el Partido Popular se retiró a última hora argumentando que era por la reforma de la sedición, pese a que su propia portavoz, Cuca Gamarra, lo había desvinculado en los días previos. Precisamente fue en esas jornadas cuando Díaz Ayuso lanzó unas duras declaraciones contra el acuerdo, así como los editoriales de varios de los principales medios de comunicación conservadores.

A finales de ese año, Feijóo llegó a decir en una cena con los fiscales conservadores que mantenía bloqueado al Poder Judicial para "protegerlo del Gobierno de Sánchez". Meses más tarde, ya en 2023, el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, indicó que no renuevan el CGPJ porque "Pedro Sánchez quiere controlarlo". Posteriormente, llegaron las elecciones generales, el largo proceso hasta que se armó la mayoría de investidura --amnistía mediante--, y finalmente se retomaron las negociaciones entre Bolaños y Pons, siempre con la mediación de Bruselas. Ahora, 2.030 días después de que caducase el mandato, ambas partes han llegado a un acuerdo y el Consejo General del Poder Judicial será renovado.