Una operación política de alto riesgo para Feijóo
El líder del PP tendrá que convencer a los amplios de sectores del partido que recelan del acuerdo con el PSOE para la renovación del CGPJ
Madrid
Renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido una operación política de alto riesgo para Feijóo, que tiene un sector duro que se oponía al pacto y amplios sectores del PP que recelaban del mismo. La dirección del partido necesita vender a los suyos que este acuerdo es beneficioso para el PP y que el pacto incluirá reformas que profundicen en la independencia judicial, aunque estos cambios no sean automáticos.
Más información
Tal y como informa Mariela Rubio, periodista de la sección política de La SER que cubre la información del PP, hoy muchos de los mensajes de Génova han sido en clave interna, dirigidos a calmar a los suyos. Los jueces quieren la renovación o el acuerdo será bueno o no será, han repetido tanto Gamarra como Sémper. Feijóo ha utilizado durante meses un discurso duro contra el Gobierno para justificar la no renovación y ahora tiene que hacer pedagogía para convencer sobre este pacto.
Las claves de la renovación del CGPJ
La más importante de este acuerdo histórico entre PP y PSOE que desbloquea el Consejo General del Poder Judicial tras más de cinco años de parón es que contará con veinte nuevos integrantes con trayectorias acreditadas y una solidez formativa. Otra de las claves es la aprobación de una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que refuerza la independencia de los jueces, dos medidas que serán aprobadas en el Congreso de los Diputados el próximo mes de julio.
Otra de las claves del documento firmado en Bruselas apunta que en el plazo de seis meses y con una mayoría de tres quintos se encargará a los nuevos integrantes del Consejo un proyecto de reforma del método de elección de los integrantes en el órgano de gobierno de los jueces. Esto es, en resumen, que se les pide que por consenso proyecten a las Cortes Generales y el Gobierno su voluntad.
El texto también deja constancia de que el Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo. Serán los nuevos vocales del CGPJ los que escojan al magistrado que presida el Alto Tribunal y lo harán por un mínimo de 12 votos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos.
El acuerdo implica además la prohibición de que cualquier persona que haya formado parte del Gobierno como ministro o ministra pueda convertirse en fiscal general del Estado. Tanto PP como PSOE han acordado también cubrir la vacante pendiente en el Tribunal Constitucional. El Grupo Popular en el Senado ha confirmado que propondrá a José María Macías, actual vocal del CGPJ.
