El pacto para el CGPJ estaba encarrilado desde marzo y se cerró con seis reuniones entre Bolaños y Pons tras el ultimátum de Sánchez a Feijóo

El ultimátum que Sánchez dio a Feijóo el pasado 12 de junio provocó que PSOE y PP retomaran con urgencia las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Desde entonces, en público, ambos partidos aseguraban estar esperando a que la Comisión Europea pusiese fecha a una nueva reunión con la presencia de la vicepresidenta Jourová. En realidad, los contactos y los encuentros bilaterales se venían produciendo ya de manera discreta con la intención de poder llegar a esa cita con una propuesta común sobre la mesa. Bruselas había pedido a las dos formaciones que antes de celebrar un nuevo encuentro exploraran avances concretos. Fuentes de la negociación confirman que en apenas dos semanas, las que han pasado desde que el presidente del Gobierno puso hasta la firma de ayer, además de decenas de llamadas, Félix Bolaños y Esteban González Pons han celebrado al menos media docena de encuentros presenciales para cerrar los textos que ayer sellaron ante la Comisión. Tanto el ministro de Presidencia y Justicia como el Vicesecretario Institucional del PP han sido los encargados de redactar el acuerdo y desbrozar el camino hacia la renovación. En ningún momento, según La Moncloa, Sánchez y Feijóo han hablado para cerrar la negociación. Según el ejecutivo, el grueso del pacto estaba ya listo desde marzo, cuando los partidos y la Comisión Europea tenían previsto celebrar la última reunión a tres. Tras verse dos veces en Bruselas y una más en Estrasburgo, la idea era convocar un nuevo encuentro en Madrid el día 27 de ese mismo mes, en plena Semana Santa. De manera sorpresiva, y con los billetes de Reynders ya comprados, los de Feijó decidieron anular esa reunión. El Gobierno asegura que el acuerdo podría haber quedado rubricado entonces pero que los populares optaron por dilatar las conversaciones para que nada interfiriera en el ciclo electoral que se abrió días después en el País Vasco y que siguió con la comisión catalana y europea. El propio Reynders en declaraciones públicas ha reconocido durante estas semanas que el pacto estaba cerca y que todo dependía de que los partidos dieran la señal. Ya en abril el comisario europeo aseguraba que realmente las posiciones para la renovación del Consejo en materia de justicia «estaban muy cerca», pero también había consenso sobre una serie de reformas necesarias en el sistema judicial español. Eso que auguraba hace semanas el representante europeo es lo que se ha terminado consensuando y firmando ayer. Entonces Reynders ya reconocía que todo estaba pendiente de la voluntad política de ambas formaciones. Nadie en el Ejecutivo ha querido dar por hecho el acuerdo hasta el final. La desconfianza mutua y el temor a que, de nuevo, todo saltara por los aires en el último minuto han marcado la negociación. Bolaños no se convenció de que el pacto era posible hasta la noche del lunes, cuando los documentos con los nombres de los nuevos vocales y la propuesta de reforma legal estaban ya redactados. En ese momento, con apenas unas horas de margen, se pidió a la Comisión Europea que organizara la ceremonia de firmas. Las partes han llevado todo el diálogo con especial sigilo. El viaje a Bruselas solo se comunicó cuando PSOE y PP iban camino ya de la capital comunitaria. Gobierno y PP descartan que este primer gran acuerdo entre Sánchez y Feijóo en materia de justicia suponga la apertura de un nuevo tiempo de diálogo entre Gobierno y principal partido de la oposición. En el ejecutivo sí que creen que el clima positivo que deja el pacto para el CGPJ puede ayudar a renovar también otros órganos pendientes como el Banco de España, la CNMV, CNMC o RTVE. «El poder judicial era la gran piedra, lo demás son chinillas», dicen fuentes del ala socialista de la coalición.

El pacto para el CGPJ estaba encarrilado desde marzo y se cerró con seis reuniones entre Bolaños y Pons tras el ultimátum de Sánchez a Feijóo

Bolaños y Pons han celebrado al menos seis reuniones presenciales en las últimas dos semanas para cerrar los detalles de un acuerdo que ayer llevaron redactado a Bruselas para firmarlo con el visto bueno de la Comisión

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