Así es el cambio legal con el que el Gobierno pretende limitar el fenómeno Airbnb de alquiler de vivienda
La Cadena SER accede a la enmienda en la ley de propiedad horizontal que va a presentarse este miércoles en el Congreso y que empodera a las comunidades de propietarios frente al alquiler turístico
Así es el cambio legal con el que el Gobierno pretende limitar el fenómeno Airbnb de alquiler de vivienda
Madrid
La Cadena SER ha tenido acceso al cambio legal con el que el Gobierno pretende limitar el fenómeno Airbnb de alquiler de vivienda. El Ejecutivo va a introducir una enmienda en la ley de propiedad horizontal para que las comunidades de vecinos tengan que autorizar expresamente a los vecinos que quieran poner su casa en alquiler turístico.
El cambio legal que ya ha redactado el Ejecutivo y que se va a presentar este miércoles como enmienda en el Congreso dice explícitamente que quien quiera poner su piso en alquiler turístico "deberá obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios". Esa luz verde de los vecinos deberá ser de 3/5.
Así es el plan del Gobierno para enfriar el mercado del alquiler y cortocircuitar el arrendamiento temporal
La importancia de los vecinos
Para quienes no la tengan, la nueva norma añade un punto que abre la posibilidad a que cualquier vecino pueda llevar a los tribunales a quien tenga un Airbnb sin permiso de la comunidad. Literalmente reza que "el presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá (…) la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes".
La norma, que se va a llevar a la Comisión de Justicia y a su votación después en pleno, busca considerar el fenómeno Airbnb como una actividad económica. De hecho, sólo quien se haya "acogido previamente a la normativa sectorial turística, podrá seguir ejerciendo esa actividad".
Más información
La exposición de motivos del texto al que ha tenido acceso la SER se justifica en que "se hace necesario que desde el Estado se impulsen medidas para combatir" lo que se describe como "una grave situación de convivencia y molestias que vienen soportando muchas comunidades y barrios".