El truco de los 11 meses de contrato de alquiler que utilizan las inmobiliarias para sortear la Ley de Vivienda: "Tienen el control de los inquilinos"

Madrid

Rodrigo es un joven de 26 años que, junto a tres amigos, busca piso con urgencia en Madrid porque comienzan a trabajar en la capital en breves. Una búsqueda que califica de “difícil” porque hay poca oferta y mucha demanda, y también por todo lo que hay que abonar desde el principio cuando ya has conseguido encontrar una vivienda. Hay que pagar la primera mensualidad, la fianza de entrada y un gasto adicional: los gastos de la gestión inmobiliaria.

Conocidos también como honorarios o mes de agencia, los gastos de gestión son aquellos que cobran las agencias por ofrecer y enseñar propiedades en alquiler. Su trabajo consiste en hacer de intermediarias entre los arrendadores y los inquilinos y, al final, son estos últimos quienes acaban pagando por esta labor. Algo que prohíbe la nueva Ley de Vivienda, aprobada a finales de mayo de 2023, que exige que sean los propietarios los que paguen esos gastos de gestión.

Pero las inmobiliarias están recurriendo a un truco para sortearla y que sean los inquilinos quienes sigan pagando: Hacer contratos temporales que no llegan a los 12 meses, ya que lo que establece la nueva Ley de Vivienda -que modifica, a su vez, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)- se aplica en los contratos de vivienda habitual, es decir, de al menos un año ampliable a cinco o siete, en función de si es una persona física o jurídica.

Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de FACUA, detalla en qué consiste exactamente esta práctica: "La tónica general que suele repetirse es que las inmobiliarias intentan imponer al inquilino como comisión el precio de una mensualidad de alquiler más el IVA correspondiente". A esto se suma "el primer mes de renta" y otro mes de renta "en concepto de fianza". A parte, las inmobiliarias sí puede pedir otro tipo de garantía adicional a estos tres pagos.

La única solución: denunciar

Ante esta situación, dice Serrano, al futuro inquilino “no le queda más remedio que asumir lo que la inmobiliaria le impone". Aunque puede aceptar esos pagos de gestión y denunciar a la inmobiliaria después. "Una vez que el inquilino haya firmado los documentos y se encuentre ya en posesión de la vivienda como arrendatario, se pueden iniciar las acciones de reclamación correspondientes", asegura. Existe la posibilidad de "presentar una reclamación ante la inmobiliaria, dirigirse al servicio de vivienda de su comunidad autónoma o acudir a los juzgados y los tribunales de justicia" para que actúen.

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Aun así, las inmobiliarias y los fondos buitre, denuncia Víctor Palomo, portavoz del Sindicato de Inquilinas, seguirán recurriendo a este "fraude de ley", porque "se aprovechan" de la desesperación de las personas por encontrar una vivienda: “Utilizan conceptos como el coliving o le flex renting para que, en definitiva, los inquilinos firmen contratos de 6 y 12 meses y tengan que renovar el contrato". Esto hace que, después, una vez acabado, suban el precio de esa vivienda sin ningún tipo de tope y "puedan permanentemente tener el control de la voluntad del inquilino".

Una situación que se da en toda España, aunque Palomo señala que es más frecuente comunidades como "Cataluña, Baleares, Canarias, Madrid, en las principales ciudades de Andalucía y en el norte, como Galicia o País Vasco”. La oferta de alquileres de temporada ha aumentado un 56% respecto a 2023, mientras que los alquileres permanentes han disminuido un 25%, según los últimos datos del portal inmobiliario Idealista.