El endurecimiento de la política migratoria de Alemania está provocando una reacción en cadena en la Unión Europea antes de unas semanas en las que van a confluir unas nuevas elecciones regionales en Brandeburgo en las que la extrema derecha es favorita para la victoria y la presentación del nuevo Colegio de Comisarios de la UE. El gobierno de Olaf Scholz ha anunciado un endurecimiento de los controles fronterizos terrestres con los nueve países con los que comparte ese tipo de separación territorial. Un movimiento impulsado por el atentado de Solingen reivindicado por el Estado Islámico y por el aumento del apoyo electoral de los ultras de Alternativa para Alemania que, sin embargo, está despertando cada vez más voces críticas fuera del país. Los primeros en mostrar su disconformidad han sido varios de esos países vecinos de Alemania. Polonia cree que la decisión es «inaceptable» en palabras de su primer ministro Donald Tusk, Austria avisa de que no acogerá en su territorio a las personas que Alemania rechace en el suyo, mientras que Países Bajos y Luxemburgo han mostrado su preocupación por las dificultades que pueda generar a la libre circulación de personas. Pero esa crítica va más allá de los vecinos de Alemania y está salpicando ya a otros socios europeos que no comparten frontera con el país germano. Es el caso de España, cuyo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado este jueves su disconformidad con el plan que el gobierno alemán va a implementar desde el próximo día 16 de septiembre: «España siempre ha defendido y sigue defendiendo en la Unión Europea que la libertad de circulación es un principio básico», ha dicho el ministro. Marlaska ha subrayado que Alemania debe poner esa decisión en manos de la Comisión, de momento el gobierno germano se ha limitado a informar a Bruselas, para que sea la Comisión la que determine si es proporcional. Ha recordado además que España solo ha establecido este tipo de controles en circunstancias excepcionales como fue la celebración de la cumbre de la OTAN en 2022 o durante la pandemia. Igual posición ha expresado también esta mañana el gobierno de Grecia. En una entrevista en la televisión ERT, el ministro de Protección Ciudadana, Michalis Chrysochoidis, ha acusado a Alemania de proponer un plan «que va en contra del pacto migratorio europeo». El ministro heleno ha anunciado una subida de los salarios de los guardias fronterizos, pero rechaza el proyecto germano que limitará el acceso a personas migrantes. El gobierno alemán se ha limitado a confirmar un mayor control para prevenir la entrada de terroristas y criminales, el propio Scholz lo ha defendido este miércoles en el Bundestag, si bien es cierto que no ha detallado realmente en qué consistirán esas medidas. El canciller también ha explicado en un hilo en X su decisión, argumentando que si bien «el cosmopolitismo es necesario», eso no quiere decir que «cualquiera que quiera pueda venir a Alemania». Ya existen chequeos complementarios en algunas fronteras alemanas, en las que se realiza una revisión en profundidad de los documentos de identidad de quien quiera acceder al territorio germano en coche, autobús o tren. Ahora bien, en este caso no se conoce por ejemplo si esos controles exhaustivos serán constantes y diarios o aleatorios. Los detalles son relevantes ya que los acuerdos europeos relativos al Espacio Schengen se basan en los principios del derecho a solicitar asilo y a la no devolución al país de origen. En todo caso, el gobierno germano no tiene intención de dar marcha atrás a juzgar por lo que la propia ministra del Interior, Nancy Faeser, ha declarado este jueves en el Bundestag: «Controlamos, regulamos y unimos humanidad y orden». Los países vecinos temen también el impacto que pueda tener en sus propias economías porque más de 200.000 personas trabajan en territorio alemán, pero viven en localidades fronterizas de otras naciones, según datos de la propia Agencia Federal de Empleo germana.