Ayotzinapa, diez años sin respuestas

Más de cien mil personas están desaparecidas en México, según los datos oficiales. Con el crimen permeando en todas las estructuras del país, el gobierno inició en 2006 una confrontación directa con las bandas criminales y del narcotráfico desplegando al ejército por todo el territorio y generando una crisis de violencia sin precedentes. Pero el caso de 43 de ellas, los estudiantes de Ayotzinapa, conmociona especialmente a la sociedad mexicana. Esta semana se han cumplido diez años de la desaparición en una misma noche de 43 estudiantes en Iguala, en un suceso rodeado de incógnitas que extiende la sombra de duda sobre el propio Estado.

Andrés Manuel López Obrador, que deja la presidencia de México este 1 de octubre, es el segundo presidente que no logra dar respuesta a este caso. Ni verdad ni justicia, como reclaman las familias. En la administración anterior, la de Enrique Peña Nieto, se lanzó la llamada “verdad histórica”, sin evidencia científica y formada con testimonios obtenidos bajo tortura. Esa supuesta verdad decía que los jóvenes habían sido quemados en el basurero de Cocula y sus restos echados al río San Juan. Fueron los padres quienes se organizaron y acudieron a todas las instancias nacionales e internacionales para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigara, tras lo cual echó por tierra esta teoría.

La posterior Comisión de la Verdad, creada durante el mandato de López Obrador, reconoció que se trató de un crimen de Estado en el que participaron autoridades locales, federales y hasta la delincuencia. Pero cuando llegó la judicialización se toparon contra un muro. Algunas de las familias de los desaparecidos, con los que habló la periodista Verónica Méndez, de W Radio, se dicen convencidos de que el Ejército estuvo involucrado. El presidente saliente arremetió contra ellos por “politizar el caso”.

Una década después, las familias no se rinden en la búsqueda de esa verdad y justicia. Acompañándolos todos estos años ha estado el abogado Santiago Aguirre, director del centro Prodh. “Además de haber resistido muchos años una mentira, ahora se suma el agravio de haber tenido la expectativa de que se resolviera y que no haya sido así”, explica. “El Estado mexicano, de alguna manera está dispuesto a aceptar que hay connivencia entre la criminalidad y las corporaciones de justicia y seguridad en los escalafones más bajos, sobre todo a nivel municipal, pero cuando los indicios apuntan a la connivencia de otros niveles de gobierno estatales o federales, cuando apuntan hacia el involucramiento del Ejército, ahí surgen inmediatamente bloqueos en las investigaciones. Y eso es lo que ocurrió en este caso”.

Sobre la desaparición de los estudiantes hoy se sabe que probablemente no los mataron a todos juntos sino en grupos más pequeños, y que ocultaron sus restos en fosas clandestinas, asegura el abogado. “Hoy las familias también saben que esta red criminal que componían funcionarios, pero también civiles, no era solo un grupo regional, sino que tenía las capacidades de poder participar del trasiego de drogas hacia los Estados Unidos”. De esos crímenes participaron policías municipales y también corporaciones de otros niveles, según han podido averiguar. Además, conocen el paradero fatal de al menos tres de las víctimas cuyos restos se han identificado, cuenta Aguirre.

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El abogado sin embargo reclama “la obligación de esclarecimiento a cargo del Estado” en un caso como este de desaparición forzada de personas, que no puede acabar hasta “esclarecer plenamente el paradero de todas las víctimas”. Queda por saber también el por qué. El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apunta a que los estudiantes acudieron a la ciudad de Iguala, donde decomisaron autobuses para ir a una manifestación. Unos autobuses que el grupo criminal de Guerrero usaba para mover heroína.