La Agencia Tributaria se reunió en 17 ocasiones con el novio de Ayuso antes de denunciarle por fraude fiscal
Hacienda dio hasta 17 oportunidades a Alberto González Amador para explicar sus ingresos millonarios durante los 18 meses que duró la inspección, antes de que decidieran denunciarle por fraude fiscal ante la incoherencia de sus excusas. La minuciosa labor inspectora, que respetó todos los trámites, dista mucho de la ”inspección salvaje” denunciada por su pareja, Isabel Díaz Ayuso, según la documentación que forma parte del expediente tributario, a la que ha accedido la SER
Son 17 reuniones las que mantienen los inspectores de la Agencia Tributaria desde mayo de 2022, cuando detectan el posible fraude, hasta septiembre de 2023, cuando deciden denunciar penalmente a Alberto González por dos delitos fiscales y falsedad en documento, ante la falta de explicaciones coherentes sobre el ingreso de 2.3 millones en 2020.
Reuniones en las que una y otra vez, el representante legal de Alberto González no responde de forma completa a los requerimientos de la Agencia Tributaria y pide varios aplazamientos para recopilar documentación. Aplazamientos que supuestamente, utiliza para fabricar esa documentación.
Ayuso, en una comparecencia el pasado 13 de marzo cuando estalló el escándalo, aseguró que Alberto González estaba siendo “asediado” por “todo el poder del Estado” porque “era su pareja”. Pero la inspección de Hacienda ejecutada durante 18 meses demuestra que por aquel entonces, los inspectores ni siquiera sabían que Alberto González era pareja de Ayuso y que fue llevada a cabo con todas las garantías, informando al novio de Ayuso de cada paso que se iba dando en la inspección.
La "inspección salvaje", desacreditada
La presidenta madrileña afirmó aquel día que su novio estaba sufriendo una “inspección salvaje” que se había “sacado de quicio”, pero pocas veces se observa a los inspectores tributarios dar tantas oportunidades para explicarse a un obligado tributario.
Más información
Ayuso también mintió en aquella comparecencia cuando afirmó que su novio no solo no le debía nada a Hacienda sino que era la Agencia Tributaria quien le debía 600.000 euros. La documentación evidencia el fraude, el propio novio lo reconoce, y aquella supuesta deuda de 600.000 euros no era más que un intento de Alberto González de pagar fuera de plazo, cuando ya se había abierto el procedimiento penal, la deuda contraída.
La inusual facturación motivó las alarmas en la AEAT
El expediente evidencia que el motivo de la inspección de Hacienda que ha acabado acusando al novio de Ayuso no fue que se tratara de su pareja, sino que Alberto González pasó de facturar poco más de 300.000 euros por cada uno de los ejercicios fiscales de 2018 y 2019, a 2.300.000 euros en 2020 con una empresa como Maxwell Cremona, que carecía de trabajadores. Ese incremento anómalo de la facturación disparó las alarmas en la Agencia Tributaria y motivó las actuaciones.
Ayuso rechaza reunirse con Sánchez por haberla "difamado" y negociar con independentistas
Facturas falsas para tratar de exculparse
Tal y como detalla la información que obra en poder del juzgado número 19 de Madrid que instruye su caso, Alberto González inundó a la Agencia Tributaria con facturas supuestamente fraudulentas como los más de 600.000 euros con una empresa mejicana de alimentación, o los más de 900.000 por un negocio fallido de venta de vacunas a Costa de Marfil, así como el empleo de un grupo de empresarios andaluces, la mayoría tratantes de ganado, para fabricar facturas falsas. La inspectora de Hacienda realiza un trabajo minucioso. Contacta con las autoridades fiscales de esos países. Entrevista a las personas con las que Alberto González dice tener negocios. Viaja a Sevilla donde para su sorpresa no encuentra a las empresas donde Alberto González dice que se encontraban. No existían. La labor investigadora de los inspectores de Hacienda no deja cabo suelto para otoño de 2023. El novio de Ayuso acaba reconociendo a los inspectores su “error” y trata de pagar para evitar el juicio. Finalmente, su abogado lo reconoce al fiscal: “ciertamente se han cometido dos delitos fiscales”, dice el letrado en un correo electrónico el 2 de febrero de 2024, y se compromete a pagar 525.000 euros por su fraude de 350.000, y a asumir una condena de 8 meses de cárcel.