Un juez pide al Supremo investigar la denuncia contra Alvise por desórdenes públicos frente a la sede PSOE
Los hechos tuvieron lugar durante las protestas frente a la sede del PSOE en la calle de Ferraz de Madrid contra la ley de amnistía a implicados en el 'procés'
Un juez de Madrid ha pedido al Tribunal Supremo que investigue una denuncia contra el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Luis Pérez, Alvise, por un presunto delito de desórdenes públicos durante las protestas frente a la sede del PSOE en la calle de Ferraz de Madrid contra la ley de amnistía a implicados en el 'procés'.
Para ello, el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha elevado al Alto Tribunal una exposición razonada "toda vez que la persona denunciada ostenta la condición de diputado al Parlamento Europeo y es persona aforada ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo", indica en la resolución judicial.
En el escrito, adelantado por el diario ABC y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el magistrado Hermenegildo Alfredo Barrera recuerda que el 16 de noviembre de 2023 recibió un oficio de la Policía Nacional en el que se acusaba a Alvise de un presunto delito de desórdenes públicos por su participación en las protestas frente a la sede del PSOE.
Entonces Alvise no era eurodiputado -lo es desde las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024-, pero protagonizó varias protestas como agitador social desde la ultraderecha.
El magistrado incoó diligencias previas y se inhibió a los juzgados de Sevilla, donde residía Alvise, pero estos rechazaron encargarse y la causa volvió a él.
Ahora el juez ve "indicios de culpabilidad" y que el actual eurodiputado pudo incurrir en el delito denunciado. "Para su total esclarecimiento, resultan necesarias unas diligencias de investigación que este instructor no puede acordar por ser don Luis Pérez Fernández aforado", añade.
Recientemente, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar una denuncia contra Alvise por un posible delito de financiación ilegal de partidos por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros de un empresario para su campaña electoral.