La Europa de la no tan libre circulación

El discurso contra la inmigración y las políticas para reforzar la seguridad interior han construido una Europa que en el momento actual no es el ejemplo de la libre circulación con la que se fue forjando a lo largo de las décadas. Los países escandinavos y varios de Europa central mantienen controles fronterizos amparándose en las excepciones que la legislación comunitaria habilita para no cumplir durante un tiempo determinado con el Espacio Schengen. Y en prácticamente todos los casos hay detrás presiones de partidos populistas y de extrema derecha. El pasado 11 de noviembre expiraban la mayor parte de horquillas de tiempo en la que países como Dinamarca, Suecia o Alemania habían determinado en primera instancia que terminaran sus controles, pero en todos los casos han decidido extenderlos. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha defendido este mes en el Bundestag que «controlaremos las fronteras tanto tiempo como sea necesario» después de decidir un incremento de controles en las fronteras terrestres del país. En el primer mes de puesta en marcha de esta medida que incluye la petición de pasaportes o los registros de vehículos, las autoridades alemanas aseguran que han reducido en un 13% la entrada de inmigrantes irregulares. Según los argumentos presentados por Alemania, los controles son necesarios por «los riesgos asociados con la inmigración irregular que puede amenazar el orden público y la seguridad». En el mismo paquete de motivos incluyen el contrabando transfronterizo, la amenaza de Rusia o la presencia de posibles células islamistas que se trasladen de unos países a otros. Hasta marzo de 2025 están vigentes estas medidas en Alemania, hasta mayo en el caso de su vecina Austria, que subraya los mismos motivos que Alemania y añade además que su sistema de recepción y asilo sufre «una presión desproporcionada», según figura en el portal informativo de la Comisión Europea. En el caso de los Países Bajos, que introduce mayores controles fronterizos desde el 9 de diciembre, argumenta un «incremento de los incidentes delictivos en los centros de recepción de inmigrantes». No es casual que en Alemania la extrema derecha esté cosechando cada vez mejores resultados electorales, y que tanto en Austria como en Países Bajos fuerzas radicales de derecha hayan sido las vencedoras de las últimas elecciones celebradas en ambos países. Este tipo de medidas se han generalizado también en los países del norte de Europa. Dinamarca ha decidido extender desde el 11 de noviembre hasta el 11 de mayo su vigilancia reforzada por «eventos relacionados con la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado, los intentos de espionaje de Rusia y el impacto de conflictos que incrementan la presión migratoria procedente de Oriente Próximo y África». «Los números son muy altos», explicaba este otoño la primera ministra danesa Mette Frederiksen después de un Consejo Europeo, «tenemos que hacer retornar a aquellos que no optan a una protección en Europa y tenemos que controlar nuestras fronteras exteriores». Según Frederiksen es una situación «desafortunada», pero abogaba por que cada vez más países en el seno de la Unión se sumaran a este tipo de políticas. Suecia mantiene las mismas fechas y argumentos que sus vecinos daneses, y también hay controles en Noruega, que no pertenece a la Unión Europea pero sí al Espacio Schengen. En este último caso, el gobierno de Oslo revisará el 1 de diciembre la continuidad de las medidas adoptadas en las que incluye también la vigilancia por la violencia potencial contra los judíos residentes en el país. Francia ha reintroducido los controles desde el pasado 1 de noviembre, y afectan a los pasos fronterizos con España hasta, al menos, el próximo 30 de abril. París ha notificado a Bruselas que ha detectado «graves amenazas a la política y el orden públicos, así como a la seguridad interna». En su caso particular describe también la vigilancia permanente contra los cruces irregulares por el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Hasta mediados de diciembre se mantienen los controles en Italia, que por su parte sigue inmersa en su propia batalla interna por el plan del gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni para trasladar inmigrantes a Albania. Por último, también hasta esas mismas fechas seguirá reforzada la vigilancia en las fronteras de Eslovenia. La legislación europea establece que este tipo de medidas han de estar justificadas debidamente y establecerse durante un período de tiempo determinado, si bien ningún país ha tenido problema ni para implantar los controles ni para prorrogarlos, creando de facto una Unión Europea mucho más cerrada acorde con los tiempos políticos de auge del conservadurismo extremista que vive el continente. El cierre del Espacio Schengen fue una medida acordada durante la pandemia o en casos determinados después de atentados terroristas o ante situaciones de especial riesgo potencial, lo que la Comisión considere «una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior». El Estado en concreto que considere que se esté ante una circunstancia de ese tipo debe notificarlo a la Comisión y al resto de países miembros al menos cuatro semanas antes de la introducción de los controles o en un plazo más breve «si las circunstancias no se conocen de antemano». Para circunstancias conocidas de antemano, como un determinado evento deportivo, la duración del control fronterizo extraordinario se limita a 30 días en primera instancia o al tiempo estimado de amenaza potencial. Posteriormente, se puede prolongar hasta un tiempo máximo de 6 meses.

La Europa de la no tan libre circulación

Seis países de la Unión Europea mantienen restricciones y controles fronterizos hasta 2025 y otros dos hasta finales de este año por la afluencia de inmigrantes irregulares, la influencia de Rusia y la presión interna de los partidos de extrema derecha

Antonio Martín

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