La represión como arma letal

Reynaldo recibió un balazo que acabó con su vida cuando regresaba de un entrenamiento de fútbol con sus amigos. El chico, peruano de 18 años, fue víctima del fuego del Ejército que estaba disolviendo una manifestación a tiros. Lo mismo le ocurrió a Jhon, un tendero de 34 años de Ayacucho al que el Ejército no sólo tiroteó, incluso lo remataron en el suelo. Medio centenar de personas murieron por la represión policial masiva en Perú de la que se cumplen dos años, y sus familiares todavía hoy buscan justicia.

“Sabemos quienes dieron las órdenes, quiénes estaban a cargo de estas patrullas, pero no hay ningún detenido”, lamenta Yovana Mendoza, hermana de Jhon Henrry. La también presidenta de la Asociación de Familiares de los Asesinados y Heridos de Ayacucho señala directamente a la presidenta Dina Boluarte, a sus ministros y a los jefes de patrulla como responsables de las muertes. Yovana tiene grabada la imagen de aquel 15 de diciembre de 2022 en el que por primera vez los militares tomaron su ciudad por cielo y tierra y llegaron a disparar 1.200 balas.

Los informes oficiales acusaban a los presentes de terrorismo y vandalismo. El padre de Reynaldo, Mario Ilaquita, cuenta que su familia vive de la agricultura y la ganadería. “Los asesinados son inocentes que estaban pasando”, insiste. Las víctimas son estudiantes, médicos, gente que ayudaba a los heridos. Amnistía Internacional ha identificado que la gran mayoría de personas muertas en las protestas pertenecían a comunidades campesinas o indígenas. Vanessa Cuentas, responsable de la organización en Perú, subraya que la fuerza letal se dirigió a estos territorios y denuncia “un enfoque racista en el uso de la fuerza”.

Todos son víctimas de una militarización creciente de los cuerpos policiales. “Esta progresión se debe a que desde los años 90 hay más factores sociales que empiezan a entenderse como una amenaza para la seguridad, y entonces pasan de una agenda social a una agenda de seguridad”, explica la investigadora del Centro Delas Ainhoa Ruiz. “Esto comporta que la policía tenga más abanico de espacios en los que intervenir y que se abandone una intervención más enfocada en los derechos humanos”, añade. La seguridad se enfoca desde una perspectiva policial y militar, por lo que las herramientas que se usan son “la fuerza, el punitivismo y la persecución”. Y a esto se añade una dotación cada vez mayor de presupuesto para armamento.

Un catálogo de armas creciente

El negocio de las armas potencialmente letales está en auge. En siete años, ha crecido un 52% y seguirá creciendo porque se calcula que para 2028 el mercado de estas armas supuestamente no letales alcanzará los 9.300 millones de dólares. Las más comunes son las pelotas de goma, pero existe un amplio catálogo que va desde los drones que combinan el lanzamiento de pelotas con gases lacrimógenos, a cañones de agua, e incluso experimentos que combinan distintos tipos de gases, que crean ondas de sonido ensordecedoras, o que aumentan el calor corporal de los manifestantes. Todas ellas peligrosas en un entorno no controlado como es una manifestación, a la que pueden asistir niños, ancianos o personas en mal estado físico, insiste la investigadora.

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El negocio está copado por unos pocos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Alemania, Brasil o Israel. Este último, “no solo produce, sino que también utiliza este armamento para reprimir a la población palestina”, explica Ruiz, y esto lo hace más valioso en el mercado por su uso en combate.

La disolución de las barreras entre lo policial y lo militar es uno de los problemas que encuentra la coautora del informe que ha elaborado el Centro de Estudios por la Paz sobre la militarización policial que se está produciendo en algunos países, donde “cada vez se asesora más desde la perspectiva militar a la policía”.

En países de Latinoamérica y del sudeste asiático se está activando a los militares para cuestiones de seguridad interna y creando incluso cuerpos paramilitares. En Brasil, por ejemplo, se han creado brigadas de operaciones especiales para luchar contra las favelas. Y en México, la guerra contra las drogas pasa por el despliegue de militares en territorio interno de los estados. Esto, según Ainhoa Ruiz, comporta “una mayor vulneración de derechos, menos transparencia y más dificultad para pedir reparaciones”.

Esto se da en un contexto en el que las protestas violentas en todo el mundo han aumentado en un 49% desde 2008, según el Global Peace Índex de 2022, lo que sirve a los Gobiernos para justificar el rearme de sus cuerpos y fuerzas de seguridad. “No estamos seguros de cuál es la causa y cuál es el efecto”, dice Ruiz. El rearme de las autoridades, lejos de aplacar el conflicto social, “produce más reacciones violentas de las personas”. Pero, además, la investigadora señala que el aumento de las desigualdades, la erosión de los servicios públicos y los derechos, contribuyen al malestar social.