Unas 600 personas mayores viven en hospitales canarios con el alta médica por no tener alternativa de cuidados

Santa Cruz de Tenerife

Un día en la vida de Félix es más o menos así: se levanta a las siete y media de la mañana para ser "de los primeros en ducharse". Luego desayuna lo de siempre, un café con leche, un trozo de pan con una loncha de pavo y a veces también un yogur. Después coge la silla de ruedas, sale al pasillo y se encuentra con las enfermeras, con los celadores; coge el ascensor y baja, sube, vuelve a bajar. Si hace sol, sale a la calle "a donde están aparcados los coches". De vez en cuando se encuentra también con algún amigo como El Gallego, que al igual que Félix, tiene las dos piernas amputadas y en su silla de ruedas "corre más que un coche". Ambos se conocen porque llevan más de un año viviendo en el hospital, aunque están dados de alta.

A sus 70 años, Félix ingresó en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (Santa Cruz de Tenerife) por una infección en unas llagas que tenía en la pierna. Terminaron practicándole una amputación por debajo de la rodilla, pero una vez sanada la herida, ya nunca volvió a casa. Al cabo de unos meses ingresado en el hospital, le ocurrió lo mismo con la segunda pierna. Catorce meses después de su llegada, Félix cuenta que está en lista de espera para obtener plaza en una residencia o en una casa de acogida adaptada a sus necesidades. Vivir con su familia (porque la tiene) no lo contempla como una posibilidad. Tanto su hijo como sus tres hermanos viven en Granollers (Barcelona), y plantearles vivir con ellos "es un lío porque tienen que hacer obra en casa". Con su hijo, cuenta, habla "casi todos los días por teléfono", y "cada dos o tres meses" lo va a visitar al hospital.

El caso de Félix es uno entre las casi 600 personas que actualmente viven con el alta médica en los hospitales públicos canarios, según denuncia el sindicato médico Asamblea 7 islas. Normalmente son personas mayores, algunos de ellos muy dependientes, que no tienen familia; o que la tienen, y no pueden o no quieren hacerse cargo de ellos. Quedarse en el hospital es la única salida que les queda mientras esperan plaza en una residencia, o una ayuda para recibir cuidados en casa.

La ortogeriatra Magalí González-Colaço convive a diario con esta realidad. Su especialidad son los pacientes mayores con una fractura de cadera. Personas que, en situaciones "normales" entran al hospital, se les opera como máximo a las 48 horas después de la lesión, y una vez recibido un tratamiento de fisioterapia, abandonan el centro entre los cinco y los siete días siguientes. Eso en situaciones "normales". En las otras, lo que ocurre es que el paciente ya nunca vuelve a su casa. Y en ocasiones, es la propia Magalí quien le tiene que dar la noticia a su paciente: "El momento en el que les decimos que se quedan en el hospital, que su familia no va a venir a buscarlos, lo viven muy mal. Y yo con ellos. Es lo que más odio del mundo, lo que más odio de mi trabajo", expresa la doctora.

Por su experiencia, González-Colaço está convencida de que construir más plazas de residencias sociosanitarias no es la única solución a este problema, que en Canarias se arrastra desde hace una decena de años. Para ella, y para el resto de profesionales del sector, la solución es que estos pacientes reciban los cuidados adecuados en su casa. "Una vez se quedan en el hospital, estas personas a nivel locomotor van a peor: el deterioro funcional y cognitivo es mayor porque no hay estímulos. Entonces un paciente que ha pasado por un evento agudo, al que no se le logra dar una salida en el momento adecuado, con el tiempo cada vez la salida va a ser peor", analiza el médico de familia y gerente del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, Roberto Gómez Pescoso.

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A partir de aquí, la pregunta que surge es: ¿si las familias recibieran el apoyo económico y social necesario, se ocuparían de sus mayores? Existe un amplio consenso en que sí, aunque pueda haber una minoría de casos de abandono familiar. “La administración es irresponsable con el derecho al cuidado de esas personas”, denuncia Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias.

Mientras tanto, el viceconsejero de Bienestar Social de las Islas Canarias, Francis Candil, y Rita Tristancho, directora general de la unidad de Paciente y Cronicidad de la Consejería de Sanidad, aseguran que la Administración ya está tomando medidas para atajar este problema. Recientemente han implementado el plan “5C”, basado en tres pilares: cronicidad compleja, continuidad de cuidados y coordinación. La intención, según Tristancho, es fomentar la atención domiciliaria e identificar a los pacientes crónicos para actuar de forma conjunta entre agentes sociales, familias y consejerías, para evitar que aumente su grado de dependencia.