Consumo abre expediente sancionador a una "gran inmobiliaria" por prácticas abusivas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una "gran agencia inmobiliaria" que opera en todo el territorio nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, y está investigando, además, a otras compañías similares por cobrar comisiones ilegales y obligar a los inquilinos a contratar servicios no solicitados, ha informado este jueves el Departamento que dirige Pablo Bustinduy.

El procedimiento de sanción a esa gran agencia inmobiliaria, de la que el Ministerio no ha facilitado su nombre, parte de la investigación que Consumo puso en marcha el pasado mes de octubre y que continúa abierta respecto a otras inmobiliarias que también podrían haber cometido éstas u otras prácticas.

La Dirección General de Consumo ha requerido información a estas agencias tras recibir denuncias sobre este tipo de acciones por parte del Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La denuncia de Facua a Alquiler Seguro

Facua asegura que el expediente sancionador se ha abierto a la inmobiliaria Alquiler seguro, a quien denunció e noviembre de 2023 por, según explica la asociación, "obligar a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, cobro que justificaban en la prestación de un "servicio de atención al arrendatario"".

Estas denuncias apuntan a infracciones como el pago de una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratar servicios no solicitados por el inquilino.

En este sentido, Consumo recuerda que la Ley de Vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Asimismo, indica que estas cláusulas o prácticas podrían ser constitutivas de infracciones que, según la Ley de Defensa de los Consumidores, podrían calificarse como graves o muy graves.

En caso de ser consideradas infracciones graves, las multas podrían ser de hasta 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Si se calificaran como muy graves, las multas podrían llegar hasta el millón de euros, pudiéndose superar esa cantidad hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Este nuevo procedimiento de sanción por parte de Consumo se une al expediente sancionador que el Ministerio abrió hace tres meses, también en el ámbito de la vivienda, a una plataforma dedicada al alquiler de viviendas turísticas.

En este caso, el expediente se puso en marcha porque esta plataforma mantiene miles de anuncios de alojamientos de este tipo que fueron catalogados como publicidad ilícita por suponer una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

La Dirección General de Consumo solicitó a la plataforma que retirara de forma inminente estos anuncios y, ante su negativa, se le incoó el expediente.

En esta misma línea, Consumo abrió en febrero expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas tras detectarse que estas gestoras estarían ofreciendo "información falsa o información que, aun siendo veraz, puede inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación", lo que supondría una práctica engañosa susceptible de alterar el comportamiento económico, como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.

Esto es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular, o varias, cuando en realidad se trataría de una empresa.

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy defiende que la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley.

Alquiler Seguro dice que cumple la norma y apunta a un problema de interpretación

La inmobiliaria Alquiler Seguro asegura que cumple la norma "a rajatabla" desde hace 17 años y atribuye a un posible problema de "interpretación" el expediente sancionador abierto por el Ministerio de Consumo por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la ley de vivienda.

En una comparecencia de prensa, su consejero delegado, David Carvallo, ha pedido tiempo para "analizar" el expediente y se ha mostrado dispuesto a "mejorar" cualquier punto de los protocolos en los que Consumo tenga una interpretación diferente a la suya, a pesar de que todos estos protocolos están auditados.

Tras incidir en que el expediente está en una fase "muy inicial", el CEO ha defendido que todos los servicios que presta esta empresa están en su web y son "públicos".

La asociación de consumidores Facua denunció a Alquiler Seguro en noviembre de 2023 por obligar a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21 % de IVA, cobro que justificaban en la prestación de un "servicio de atención al arrendatario".

Tras apuntar que desde 2023 la normativa sobre arrendamiento "ha cambiado varias veces", Carvallo ha explicado que Alquiler Seguro cobra al inquilino, a la firma del contrato, la mensualidad, la fianza y el mes de garantía adicional que permite la ley.

Ha indicado también que los gastos por la gestión inmobiliaria y la formalización del contrato van a cargo del propietario y que el inquilino paga además los "servicios adicionales" que contrate, como servicios jurídicos y la gestión de las incidencias del inmueble, entre otros.

"Somos muy flexibles a los cambios y estamos abiertos totalmente a cualquier propuesta de mejora o de clarificar el servicio, porque a veces es una cuestión de interpretación y estaremos abiertos a cambiar cualquier proceso para ser más claros y dar un servicio más de protección tanto a propietarios como a inquilinos", ha recalcado.