El Supremo abre dos causas penales contra Alvise, una por financiación ilegal y otra por difundir un falso positivo de Illa

Madrid

El Tribunal Supremo ha abierto dos causas penales contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise Pérez, una por la presunta aceptación de 100.000 euros de un empresario y otra por difundir una prueba falsa de covid del presidente catalán Salvador Illa.

La Sala de lo Penal ha incoado diligencias previas contra Alvise, al apreciar indicios de presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la exposición razonada por la Audiencia Nacional por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros para su campaña electoral con el partido Se Acabó la Fiesta (SALF).

Las diligencias también se abren contra el empresario Álvaro Romillo, al aparecer unidas y conexas sus posibles responsabilidades en esta investigación. Según la exposición razonada, Romillo había entregado 100.000 euros al partido de Alvise en mayo de 2024.

La otra causa abierta contra él es por difundir una falsa PCR positiva del President de la Generalitat, Salvador Illa, para perjudicarle en plena campaña electoral. La Fiscalía y el juzgado de Barcelona que abrió la causa le atribuyeron indicios de los delitos de falsedad documental e injurias. El caso pasa ahora al Tribunal Supremo porque el investigado es eurodiputado y, por lo tanto, está aforado ante el alto tribunal.

Los hechos ocurrieron el 11 de febrero de 2021, tras un debate electoral en TV3 y la polémica que levantó el hecho que Illa descartase realizarse un test PCR para participar en el encuentro de la televisión pública catalana. Alvise, según la querella de la Fiscalía, colgó un texto acompañado de la fotografía de una PCR falsa, fechada el día 6 de febrero con resultado positivo.

"El supuesto resultado diagnóstico había sido íntegramente confeccionado por el denunciado, sin que el laboratorio hubiera emitido este ni ningún otro informe", decía la denuncia del ministerio público. Según el fiscal, esa publicación tenía "el propósito de perjudicar a Salvador Illa en sus legítimas expectativas como candidato a la Presidencia de la Generalitat así como al PSC cuya candidatura encabezaba Illa".