El Consejo de Europa alerta de que España sigue incumpliendo sus recomendaciones para luchar contra la corrupción

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha publicado este miércoles las conclusiones de las dos últimas evaluaciones sobre el estado de la corrupción en España. Esas evaluaciones determinan el cumplimiento que está haciendo España de las recomendaciones que el GRECO ha venido haciendo en relación a parlamentarios, jueces y fiscales por un lado, y sobre altos cargos del Gobierno y las Fuerzas de Seguridad del Estado por otro.

El Consejo de Europa admite que España está realizando avances en algunos aspectos, reconoce que se han ido tomando medidas en los últimos años para mejorar la transparencia de la actividad parlamentaria, destaca sobre todo el funcionamiento del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado que establece las pautas para un gobierno ético, pero subraya que todavía hay aspectos en los que no hay avances.

El papel de los asesores políticos, las dificultades para procesar a altos cargos, la politización del Poder Judicial o la negativa a revisar el régimen disciplinario de la Policía y la Guardia Civil figuran como los principales aspectos en los que debe mejorar nuestro país. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido a la publicación de estos informes recordando que las recomendaciones se realizaron cuando el Gobierno estuvo en funciones en 2023 y que actualmente "España ha cumplido con 24 de 30 recomendaciones" entre las que ha destacado la regulación de grupos de interés o la puesta en marcha de la Autoridad de Protección del Denunciante.

Falta de control de los asesores

Uno de los informes del GRECO se centra en el papel de asesores o lobistas que pueden querer influir en la labor legislativa. El Consejo de Europa recomendaba la elaboración de una normativa sobre la relación de diputados con lobistas y terceras personas. Admite que ha habido algunos avances, pero recuerda que menos del 10% de los parlamentarios informa públicamente de los contactos y reuniones incluso a pesar de que están obligados por el Artículo 6 del Reglamento de Conducta de las Cortes Generales. Ese artículo establece que "los miembros de las Cámaras deberán hacer pública su agenda institucional en el Portal de Transparencia incluyendo las reuniones mantenidas con representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés".

El Consejo de Europa considera que no se han cumplido las recomendaciones para que el régimen aplicable a asesores sea equivalente en términos de integridad y transparencia al de los altos cargos, destacando que a pesar de la intención de que se publiquen sus perfiles y salarios en el Portal de Transparencia, este proceso avanza con lentitud.

También alerta de que no se ha aplicado la revisión por parte de algún organismo independiente de la legislación que regula las restricciones a las que deben estar sometidos quienes hayan ocupado un puesto en el Gobierno de cara a obtener un empleo o nuevo cargo.

Avisos sobre la Justicia y las Fuerzas de Seguridad

Las evaluaciones del GRECO hacen hincapié en lo que consideran "preocupante" proceso de "politización" de la Justicia. Bien es cierto que dichos informes se redactaron en el momento en que aún no había un acuerdo entre PSOE y PP para la renovación del Poder Judicial. Alerta en ese sentido que se debe "evaluar el marco que regula al CGPJ y los efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano frente a influencias indebidas". El Consejo de Europa recuerda que las normas comunitarias establecen que "los jueces deben ser elegidos por sus pares y que las autoridades políticas no participen en ninguna etapa del proceso de selección".

El Consejo había recomendado también que se garantizara la modificación del procedimiento del aforamiento para que "no obstaculice el proceso de justicia penal respecto de los miembros del Gobierno sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción". Explica el GRECO que las autoridades españolas han admitido que es un asunto "delicado" porque requiere cambios en la Constitución y un consenso muy amplio de distintas instituciones y fuerzas políticas.

Por último, el Consejo de Europa lamenta que no se haya cumplido con su recomendación para revisar el régimen disciplinario de la Policía y la Guardia Civil para dotarlo de mayor transparencia, objetividad y proporcionalidad. Según denuncia el GRECO, las autoridades españoles no han reconocido que este régimen suponga un problema interno que requiera de mejoras.