Anticorrupción pide 30 años de cárcel para Villarejo por otro de sus proyectos de espionaje

Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 30 años de prisión para el comisario retirado José Manuel Villarejo por otra de las piezas separadas de la macrocausa, el proyecto Ámbar, un trabajo por el que su sociedad facturó 423.500 euros a una clienta que tenía en marcha un litigio por una herencia. Se sentará en el banquillo junto al abogado de sus empresas, Rafael Redondo, el policía en segunda actividad Antonio Bonilla y el agente Javier Fernández.

Anticorrupción detalla que el proyecto pasaba por investigar a 34 personas que de un modo u otro, tenían relación con el litigio, incluyendo al magistrado que había dictado la sentencia, y comenzaron a buscar información en bases de datos policiales de acceso restringido.

Constan en concreto búsquedas sobre seis de esas personas en bases como el Sidenpol o el Consejo General del Notariado que se realizaron, de acuerdo a la tesis del fiscal, a través de funcionarios policiales que no se sentarán en el banquillo, pues no se acreditó ni en esta ni en el resto de piezas separadas que supieran para qué eran los datos que les habían encomendado extraer.

Esas búsquedas constituyen los seis delitos de revelación de secretos que Anticorrupción atribuye a Villarejo a razón de cuatro años de cárcel por cada uno. Le suma una pena de seis años de prisión por un delito continuado de cohecho impropio.

La acusación por cohecho de Villarejo aún es controvertida, pues la misma Audiencia Nacional se ha pronunciado en dos juicios por este tipo de proyectos en sentidos diferentes: el comisario fue absuelto de cohecho en el primer gran juicio por entender el tribunal que lo que hizo por encargo no se solapaba con sus funciones policiales. Pero a la vez, tiene una condena de tres años de un tribunal que razonó que siendo comisario en activo era cohecho cobrar de terceros por encargos. Ambas sentencias acabarán en el Supremo.

Las tres décadas de cárcel que pide ahora Anticorrupción por el proyecto Ámbar se suman a las decenas de años de prisión que han instado para él en las nueve piezas separadas de la causa que, según las fuentes consultadas por la Cadena SER, están listas para llegar a juicio, como la operación Kitchen, ya señalada para abril de 2026.

Mientras, Villarejo está pendiente de sentencia por el último juicio que se celebró, el relativo al proyecto para Repsol y Caixabank. Ahí se juega cuarenta años y medio de prisión por haber actuado, en palabras del fiscal, como "un auténtico policía privado".

Mejor le está yendo a su núcleo familiar. Su mujer y su hijo fueron absueltos en el primer gran juicio por tres piezas separadas y a ella, Gemma Alcalá, la acaba de exonerar el juez Antonio Piña de la única pieza separada en la que seguía imputada. Está no obstante investigada en lo que se ha dado en llamar "principal", el epicentro del caso Villarejo, donde se investigan los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.