El Delegado del Gobierno y directivos de empresas estratégicas declaran en la causa abierta por las actividades profesionales de Begoña Gómez

Madrid

El juez que investiga la actividad profesional de Begoña Gómez cita este miércoles a cinco testigos y a un imputado. El Delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, asiste con abogado por la contratación de Cristina Álvarez en Moncloa como asistente personal de Begoña Gómez. Juan Carlos Peinado imputa a Martín por su "aparente participación en el nombramiento de la asesora para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez con cargo a los presupuestos generales del Estado y, por tanto, con fondos de naturaleza pública” y porque, dice, era "el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez".

Lo cierto es que cuando se contrató a la asesora en el año 2018, el secretario general de Presidencia era Félix Bolaños a quien sustituyó Martín entre los años 2021 y 2023. Hoy, con una nueva titular en el cargo, Cristina Álvarez sigue con su funciones. El juez sortea al actual Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes -que está aforado ante el Tribunal Supremo-, obvia a la actual secretaria general de Presidencia y atribuye el presunto delito de malversación de caudales públicos al delegado del Gobierno en Madrid.

El Fiscal ha recurrido en apelación esta decisión porque la considera "incomprensible". En esta rama de la causa declara también, pero como testigo, Raúl Silva el responsable del personal en Moncloa que es la persona de la que depende Cristina Álvarez, tal y como han explicado los testigos y tal y como figura en la documentación que ha remitido el Gobierno a petición del juez.

El software de la Complutense

Los otros cuatro testigos son directivos de Telefónica, Indra y Google. Los gigantes tecnológicos que patrocinaron el software de la cátedra que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense. El juez sigue escalando en esta otra línea de la investigación, a pesar de que los primeros testigos de estas compañías defendieron el acuerdo por el interés que tenían en la digitalización y descartaron cualquier irregularidad. Todos los testigos explicaron al juez que dada la escasa cuantía del patrocinio no había un seguimiento especial y que el asunto se quedó en los escalones inferiores de las compañías.

La directiva de Google aseguró que los pagos se hicieron a la Universidad y nunca a personas físicas. La exdirectiva de Indra reveló que en su etapa gestionaron 4.000 proyectos como el que investiga el juez y el responsable de Telefónica subrayó que la compañía tiene "una red de cátedras por España" y que no ha habido una cátedra a la que le hayan dicho que no. Sobre la de Begoña Gómez que se investiga señaló que cumplia dos objetivos: reforzaba las relaciones de Telefónica con la Universidad y fomentaba la digitalizacion de Pymes, pero que el software en el que trabajaron "nunca se llegó a utilizar".