Una jueza pide abrir una cuarta causa penal contra Alvise Pérez en el Supremo
Eleva exposición razonada al Alto Tribunal para que investigue al eurodiputado por revelación de secretos al difundir datos íntimos y familiares del exsecretario de Estado del PP, Francisco Martínez, y querer lucrarse con ello
El agitador de ultraderecha y eurodiputado Alvise Pérez / TERESA SUAREZ (EFE)
Madrid
La titular del juzgado 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo para que impute al agitador de ultraderecha y eurodiputado, Alvise Pérez, por delitos de revelación de secretos y de actuaciones procesales declaradas secretas por autoridad judicial.
En su auto que avanza la SER, la magistrada atiende la denuncia de un periodista y del exsecretario de Estado de Seguridad con el PP, Francisco Martínez, quienes denunciaron que Alvise Pérez publicó en su canal de Telegram una conversación por WhatsApp entre ambos que nada tenía que ver con la investigada operación Kitchen, sino que revelaba datos que afectaban a la intimidad del político del PP y de sus hijos.
Alvise no solo publicó esta conversación, que había sido expurgada del 'caso Kitchen' por la Audiencia Nacional por tener nula relevancia para el procedimiento, sino que adjuntó a la publicación en su canal de Telegram un número de cuenta para recibir donaciones, por lo que la jueza incluye a Alvise el agravante de afán recaudatorio y “ánimo de lucro”, lo que eleva la posible petición de pena de cárcel a un máximo de 7 años de prisión.
Si el Supremo admite esta exposición razonada y decide investigar a Alvise Pérez, como propone la jueza, será la cuarta causa penal contra el eurodiputado ultra en el Alto Tribunal, donde llegan sus procedimientos dado su aforamiento. Las otras tres son la supuesta financiación ilegal procedente del empresario de criptomonedas, Álvaro Romillo; la publicación de la falsa PCR al exministro y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa en la campaña de las elecciones catalanas de 2021; y el acoso a la fiscal encargada de delitos de odio, Susana Gisbert.
