La jueza sospecha que el exsecretario de Estado de Seguridad asesoró a la madre del hacker Alcasec para destruir pruebas

Madrid

La juez de la Audiencia Nacional que la semana pasada acordó prisión provisional por riesgo de destrucción de pruebas para el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez tomó esta decisión ante los indicios de que pudo haber estado asesorando a la madre del joven hacker detenido en la misma operación que él sobre el modo de eliminar evidencias relevantes para el caso.

Esos indicios, según las fuentes del caso consultadas por la Cadena SER, nacen de los pinchazos telefónicos practicados durante la investigación, los mismos que han llevado a la instructora a la conclusión de que Martínez tenía un "conocimiento total" de las actividades de Alcasec, el alias del joven hacker José Luis Huertas, cosa que su defensa niega.

Se trataba de toda una infraestructura tecnológica diseñada para atacar bases de datos públicas y privadas, fijando objetivos estratégicos, descargar la información, procesarla creando perfiles de búsqueda y ponerla a la venta en la red mediante un sistema automático (bot) en la red social Telegram.

Ese servicio permitía hacer búsquedas selectivas sobre cualquier ciudadano con criterios como el DNI, la matrícula del coche o su número de teléfono, entre otros, a cambio de precio. El bruto de la información se alojaba en un servidor en Suiza.

Martínez usó ese sistema y realizó, según los investigadores, 21 búsquedas que respondían a sus intereses a lo largo de varios meses entre 2024 y marzo de este año siguiendo sus "propias necesidades" de información. Le sitúan así como "beneficiario y usuario consciente" de esos recursos que manejaba la trama.

Un buscador de datos

Él sostuvo ante la juez que Alcasec le pasó el sistema en el que estaba trabajando para que lo probase y no vio nada que pudiera ser fruto de un robo de datos. Estaba seguro de que navegaba en información recogida en Internet, como la que devuelve Google cuando se hace una búsqueda.

El sistema se denomina Elastichsearch y permitía almacenar a indexar millones de registros ilícitos, no sólo extraídos de las bases de sitios como la CNMC o la DGT, sino también de fuentes internacionales entre las que la investigación sitúa Andorra, Bolivia y República Dominicana. El bot aún puede encontrarse en Telegram, si bien ya no ofrece actividad.

También aseguró que constituyó dos sociedades para Alcasec en calidad de letrado, facturando por sus servicios, pero eso no le daba conocimiento alguno de la evolución que tuviera cada una. Ya le representó cuando era menor de edad y empezó a tener problemas con la Justicia. Martínez lo que sostiene es que desde entonces se ha convertido en una suerte de "referencia" para el joven y que ha intentado que orientase su talento con la tecnología hacia la empresa y la educación.

Los investigadores no lo ven así. Atribuyen a Martínez un "rol central" tanto en el diseño de estructuras societarias como "fachadas legales" de la actividad del hacker, para que sobre el papel constase desvinculado de sus colaboradores, como en promover un lavado de la imagen de Alcasec impulsando su inserción en entornos académicos y profesionales legítimos. Le daba, sospecha la juez, "cobertura legal" a distintos niveles.

El joven, con larga trayectoria en el ámbito de la ciberdelincuencia y pendiente de juicio en la Audiencia Nacional por el asalto a los sistemas del Poder Judicial, es sin embargo el protagonista de esta organización criminal que según la investigación, recabó información personal de "millones de ciudadanos".

Habían evolucionado, de acuerdo a la Policía, desde un esquema tradicional de ciberdelincuencia hacia una "red de inteligencia criminal privada" y transnacional, con "capacidad de intervención en sectores estratégicos". Y no sólo por dinero. Estaban ya en un nivel que permitía el control y la explotación masiva de información sensible.