La Comisión Europea cree que el 'procés' no afectó a los fondos europeos pero critica el "interés general" de la ley de amnistía

Bruselas

Para el ejecutivo comunitario el proceso independentista no comprometió el interés financiero de la Unión, pero critica el fondo de la ley de amnistía. Es lo que concluye el informe elaborado por los servicios jurídicos de la Comisión Europea remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que a mediados de julio va a celebrar las primeras vistas sobre esta norma.

Bruselas no encuentra "un vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión y los recursos propios de la Unión Europea". El texto -adelantado por El Español y al que ha tenido acceso la SER - no es vinculante y fue remitido en diciembre por los servicios jurídicos de la Comisión al TJUE, que a mediados de julio celebrará las primeras vistas sobre la ley, las relativas a las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del procés.

La Comisión cree que no se comprometieron recursos comunitarios porque "no existe un vínculo suficiente entre las actividades ilegales que tengan por objetivo la secesión de una parte del territorio de un Estado miembro y los intereses financieros de la Unión" en contra del argumento principal que ha usado el Tribunal Supremo para no aplicar la amnistía a distintos líderes independentistas. Y añade que "le corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si las particularidades del caso podrían justificar la existencia de una conexión suficiente"

La Comisión es crítica con la motivación de la norma y habla de "autoamnistía"

No obstante, sí se muestra crítica con el fondo de la ley. Entiende que su aprobación no responde a un interés general y critica que los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el Congreso de los Diputados. Por eso menciona el término "autoamnistía", y porque la ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno. “Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de Derecho, parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario”.