Los fiscales progresistas piden al fiscal general que no dimita: "Si se va, el dique de contención se derrumba"

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado cerró este lunes la investigación abierta por la presunta filtración de los datos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso y propuso juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos. Las partes tienen diez días para presentar escritos de acusación y defensa.

Una decisión judicial polémica que ha sido criticada por parte de la judicatura y el Gobierno. "No hay ninguna prueba clara que señale al fiscal general del Estado como filtrador de nada", ha asegurado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Félix Martín, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, ha concedido una entrevista a Aimar Bretos en 'Hora 25' en la que ha calificado a García Ortiz como "el dique de contención" que protege al ministerio fiscal del poder judicial. Cree Martín que, si el fiscal dimite, este ministerio se convertiría en "un mero apéndice del poder judicial". El portavoz ha pedido al fiscal general que no dimita porque "no puede depender en su responsabilidad" tener que hacerlo ya que "esta causa (la de la supuesta filtración de datos fiscales) no tendría que haber nacido".

-- ¿Debe dimitir García Ortiz como Fiscal General o debe continuar en su cargo?

La resistencia del fiscal general, en contra de lo que entendemos que interesadante se muestra deformado, no es la de una persona que se agarra a una silla, sino la de un servidor público que pone a la institución y a los fiscales en primer término. Nosotros dijimos en un comunicado ayer que es el último dique de contención frente al desatino que es este auto, porque el ministerio fiscal es un mecanismo constitucional que sirve para poder corregir determinados mecanismos del poder judicial. Si el fiscal dimite, ese dique de contención se derrumba y el ministerio fiscal se convierte en un mero apéndice del poder judicial, no en el órgano de relevancia constitucional que es.

¿Qué análisis hace de la instrucción que ha llegado hasta aquí?

No me corresponde hacer valoraciones políticas, sino jurídicas. Nosotros no entendemos que haya elementos para iniciarse la instrucción, que la tramitación está inundada de decisiones altamente cuestionables y que los indicios son especulaciones. La resolución judicial lo único que considera acreditado son dos cosas. Primero, que la finalidad de la intervención del fiscal general y la fiscal jefe provincial de Madrid fue elaborar una nota de prensa destinando información a la opinión pública en relación a la divulgación de un bulo que faltaba a la verdad y atacaba la honorabilidad de determinados fiscales. Segundo, ha quedado acreditado que ha habido diversos periodistas de diversos medios que aseguran que al menos 31 horas antes de que los correos llegaran al fiscal la información ya circulaba. Con estos indicios acreditados no hay base ninguna para poder sentar a nadie en un banquillo de los acusados.

¿Qué le dice su asociación a quienes desde dentro de la carrera fiscal creen que la permanencia de García Ortiz supone una erosión a la institución?

Nos reafirmamos: es una garantía. Una persona que ostenta una responsabilidad pública tendría dos razones para dimitir: cuando su comportamiento muestra falta de ética pública o cuando su continuidad daña a la institución. Pero aquí el fiscal es un dique de contención, nos protege. ¿Qué puede pasarle a un fiscal cuando está investigando a gente poderosa que quiera desequilibrarlo y soltar bulos con indicios que no son nada de nada? ¿En ese supuesto, qué hace? ¿Dañar a la institución o protegernos? El fiscal no es responsable de que se haya iniciado una causa que no tendría que haberse iniciado. No puede depender de su responsabilidad tener que dimitir. Esta causa no tendría que haber nacido.

Mañana cinco asociaciones de jueces y fiscales van a realizar paros a mediodía ante los juzgados... en protesta por las reformas que impulsa el Gobierno; por un lado, la de la Ley del Poder Judicial y, por el otro, la del Estatuto del Ministerio Fiscal. Estas asociaciones, entre las que no está la suya... son la mayoría asociaciones conservadoras pero muy representativas... consideran que esas reformas suponen "una amenaza a la independencia judicial y a la autonomía de la fiscalía". ¿Ustedes creen que hay motivos para temer, para concentrarse mañana?

Rotundamente no. España vive un momento de máxima polarización en todos los ámbitos y la justicia está contagiada. Nuestra institución no va a alimentar la polarización. La justicia penal clama por una profunda transformación y reformas estructurales. Hay que garantizar que los ingresos de una familia no sean un obstáculo para que una persona sea juez o fiscal. No podemos prescindir de esto. Hay dos maneras de afrontarlo, con cortoplacismo, algo que siempre pasa en España, o pensar de una vez por todas en el modelo de justicia que queremos tener en los próximos 50 años. Lo que buscamos es un modelo de justicia que sirva a España más allá del presidente de turno o el fiscal general de turno.