El Reino Unido abre una investigación nacional por las bandas organizadas que abusaron durante años de menores

Londres

El gobierno del Reino Unido pondrá en marcha una investigación a nivel nacional para tratar de resolver de forma definitiva los casos de abuso sexual y de explotación de menores que se han cometido durante años en varias ciudades del norte de Inglaterra. Un asunto que ha ocupado las portadas de la prensa británica desde hace más de una década pero que no ha sido investigado debidamente, según la auditoría realizada por la miembro de la Cámara de los Lores Louise Casey. La nueva investigación supervisará las investigaciones que ya se están realizando a nivel local y tratará de identificar los fallos cometidos por las fuerzas policiales, las administraciones locales y los servicios sociales a la hora de perseguir estos delitos.

La decisión supone un giro en la posición del gobierno laborista, que se negó hace unos meses a abrir una nueva investigación alegando que ya existen investigaciones locales y que ya se redactaron otros informes hace más de una década. Estos informes apuntaron a que al menos 1.400 menores fueron víctimas de estas bandas entre 1997 y 2014 y establecieron una serie de recomendaciones para identificar a los responsables y atender a las víctimas, la mayoría de las cuales no han sido implementadas hasta ahora. “Hemos perdido más de una década. Esto debe terminar ahora”, ha asegurado la ministra del Interior, Yvette Cooper.

La ministra ha anunciado varias medidas que tiene previsto implementar en los próximos meses, incluida la modificación de la ley para que los acusados no puedan recibir condenas reducidas alegando que sus relaciones con menores de 16 años eran consentidas, así como la expulsión del sistema de asilo de todas las personas que cometan algún delito sexual. El ministerio de Sanidad también reforzará el acceso a servicios de protección de la salud mental en los colegios para detectar posibles casos y acompañar psicológicamente a las víctimas. Cooper ha anunciado que cerca de 800 casos están siendo revisados, con el objetivo de superar el millar en las próximas semanas.

La auditoría ha puesto el foco en un tema espinoso: el origen étnico de los sospechosos. El documento apunta a que existe una “sobrerrepresentación” de hombres de origen asiático, principalmente paquistaníes, e insta a las autoridades a registrar la nacionalidad y la etnicidad de todos los hombres involucrados en estos delitos con el objetivo de abordar el problema con mayor eficacia. Las investigaciones apuntan a que algunas organizaciones sociales evitaron revelar la nacionalidad de los sospechosos por miedo a ser acusadas de racismo, un silencio que el Gobierno quiere impedir obligando a registrar el origen de todos las personas detenidas por casos de abuso sexual o explotación de menores.

“Ignorar los problemas, no examinarlos y no sacarlos a la luz permite que la criminalidad y la depravación de una minoría de hombres se utilicen para marginar a comunidades enteras”, ha asegurado Cooper, quien ha criticado que el origen étnico de los sospechosos tan sólo se ha registrado en un tercio de los casos. La ministra ha destacado las conclusiones que apuntan a que ha habido “demasiada fragmentación” en la respuesta de la autoridades, así como poco intercambio de información, demasiadas negaciones, poca justicia y demasiados criminales saliendo impunes.

El escándalo de las bandas de captación volvió a acaparar la atención mediática el pasado enero después de que el multimillonario estadounidense Elon Musk publicara mensajes en su red social el pasado enero acusando al Gobierno laborista de encubrir estos abusos, cometidos durante años. Unas acusaciones que negó el primer ministro, Keir Starmer, quien cargó contra Musk por propagar “mentiras y desinformación”. El Ejecutivo insiste en que el cambio de posición en este asunto se debe a las conclusiones de la auditoría, pero la derecha ha aprovechado el giro para tratar de anotarse el tanto, presentando a Starmer como un líder dubitativo y carente de liderazgo.