Los controles en el poder judicial: ¿Quién vigila a los jueces? ¿Cuántas sanciones se ponen por mala praxis?

La polémica decisión del instructor Juan Carlos Peinado, que ha pedido al Tribunal Supremo la imputación del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños; ha devuelto al debate público una pregunta que si bien está resuelta, reaparece a golpe de controversia: ¿Quién controla a los jueces?

Fernando Portillo, decano de los Juzgados de Melilla durante más de ocho años y portavoz del Foro Judicial Independiente, lo tiene claro: "La respuesta correcta efectivamente es que a los jueces los controlan los propios jueces, a través del sistema de recursos que permite depurar la corrección de las resoluciones judiciales".

Porque esa es una de las claves. Distinguir entre la labor de un juez en los asuntos, -que es la función jurisdiccional- y su desempeño profesional en términos de disciplina. En las causas, es la instancia superior la que supervisa el trabajo, tribunales que estudian las quejas y recursos contra las decisiones del juez, ejerciendo de auténtico contrapeso. Tienen el poder de corregirle, que no es lo mismo que sancionarle.

"Una cosa no tiene que ver con la otra. Si hay una falta de rendimiento, un retraso, una falta de respeto a las partes, será objeto de control disciplinario, pero lo que no se puede pretender es un control de naturaleza sancionadora por la forma en que se ha dictado una sentencia. Eso es objeto de control a través del sistema de recursos, pero un juez no puede ser sancionado por haber dictado una sentencia en un sentido o en otro", añade Edmundo Rodríguez, magistrado portavoz de Jueces y Juezas por la Democracia.

"Algunos podrían pensar que el hecho de que los jueces sean los que puedan juzgar a los otros jueces pues puede sonar corporativo, pero es que la alternativa es mucho peor: ¿Queremos un órgano político o administrativo que decida si los jueces lo hacen bien o mal? Eso desde luego no es nada fiable. Lo más fiable es confiar en aquellos que ejercen su profesión de manera totalmente independiente a cualquier tipo de presión y con sujeción única y exclusivamente a la ley", remacha Portillo.

Fuera de ese ámbito jurisdiccional, blindado para garantizar la independencia de los jueces en la toma de decisiones, entra el ámbito disciplinario, el laboral. Son más de cuarenta las conductas que según la Ley Orgánica del Poder Judicial pueden acabar en un expediente sancionador a un juez. En general se trata de absentismo, de maltrato al personal o retrasos sin justificar.

Ahí entran las salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial y se llega por una queja que puede poner quien tenga conocimiento, desde los propios funcionarios del juzgado hasta el fiscal, pasando por los afectados por un procedimiento o incluso la ciudadanía, porque al final, son muchos los ojos mirando.

16 jueces sancionados

En 2023, último dato disponible, se tramitaron 24 expedientes disciplinarios (no todos se resolvieron) y 16 jueces fueron sancionados, seis de ellos con amenaza de multa o multa en los TSJ, uno en la jurisdicción militar y los nueve restantes, por el CGPJ, que publica anualmente toda la estadística desglosada.

Eran conductas de absoluta falta de motivación en las resoluciones (con sentencia ya firme dictada), pero también por el ejercicio de actividades incompatibles con la profesión de juez, la desatención del juzgado o el abuso de la condición frente a otras personas. Se impusieron suspensiones de empleo y sueldo que iban de diez días la menor a seis meses la más elevada, también multas de entre 600 y 2.000 euros.

Dice Portillo que "el número de sanciones podrá parecer, en términos absolutos, que es poco, pero es más que lo que se abre o lo que se sanciona a otros servidores públicos". En 2020 publicó un estudio que comparaba las sanciones a jueces y magistrados del lustro anterior con las registradas entre policías y sanitarios, en ese caso, del sistema andaluz.

Su primera conclusión, que siendo las sanciones disciplinarias a jueces impuestas por los propios jueces, no parece darse el corporativismo que, dice, se presume en general. "Somos los más sancionados", asegura. La segunda conclusión, que falta transparencia en las administraciones públicas para poder conocer todos los datos y tener la fotografía completa.